El veto a compras de vivienda de grandes tenedores se prorroga hasta 2030

El Gobierno ha aprobado de nuevo el decreto de vivienda que limita hasta el 31 de diciembre de 2030 la compra de inmuebles con descuentos superiores al 30% por parte de determinados inversores y grandes tenedores. La medida afecta a operaciones realizadas por debajo del 70% del valor de mercado.

El nuevo texto incluye expresamente a las personas jurídicas consideradas grandes tenedoras según la legislación estatal de vivienda, así como a las entidades de su mismo grupo o que actúen en su nombre. La norma considera gran tenedor a quien posee más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie residencial construida superior a 1.500 metros cuadrados.

En las zonas declaradas tensionadas, este umbral puede reducirse hasta cinco viviendas si así lo establece la comunidad autónoma correspondiente. Por ello, la medida puede afectar tanto a grandes fondos como Blackstone, Cerberus o Lone Star como a gestoras institucionales, grupos inversores y empresas con más de diez pisos, aunque no se dediquen a adquirir activos problemáticos.

El decreto mantiene la prohibición para las entidades dedicadas a comprar inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior al de tasación. Además, el valor de mercado deberá fijarse en el momento del acuerdo mediante una sociedad de tasación homologada por el Banco de España e independiente.

Para evitar que el límite se sortee mediante la estructura de la operación, se tendrá en cuenta la contraprestación total efectiva. Esta incluye el dinero abonado, las deudas asumidas, las prestaciones accesorias y las ventajas patrimoniales pagadas o comprometidas por el comprador o por personas vinculadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez este y otros reales decretos-ley de vivienda después de que fueran rechazados en el Congreso. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, su convalidación corresponde a la Diputación Permanente, donde el Ejecutivo y sus socios cuentan con mayoría absoluta. La medida afecta al conjunto de Balears y, por tanto, también al mercado residencial de Palma, aunque el texto no concreta efectos específicos para la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.