La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos para las pulseras antimaltrato

La Fiscalía Europea ha anunciado actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para recabar información sobre un presunto fraude relacionado con la financiación de las pulseras electrónicas que controlan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. La investigación, iniciada el año pasado y dirigida por su oficina en Madrid, cuenta con el apoyo de la UCO de la Guardia Civil. Por el momento, no se ha concretado el importe de los fondos afectados, las personas investigadas ni el alcance de las diligencias.

La eurodiputada mallorquina del PP Rosa Estaràs ha recordado que su partido lleva más de un año denunciando en Bruselas los fallos del sistema de pulseras telemáticas y ha reclamado a la Fiscalía Europea que llegue «hasta el final». Estaràs ha señalado que se trata de «un asunto de enorme gravedad que afecta a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y al uso del dinero de todos los europeos», y ha reprochado al Gobierno que haya minimizado las denuncias sobre el funcionamiento del sistema COMETA.

Según la información recogida, la eurodiputada registró en septiembre de 2025 su primera pregunta parlamentaria ante la Comisión Europea sobre los problemas de COMETA, que impedían durante al menos ocho meses instalar nuevos dispositivos o sustituir los averiados. Entre las deficiencias citadas figuran la pérdida de datos, los errores de geolocalización, las manipulaciones sin generación de alertas y las desconexiones. La Comisión Europea respondió el 30 de enero de 2026 que estaba al corriente de los problemas y que podría solicitar información adicional si se confirmaban incumplimientos.

Estaràs también ha cuestionado la renuncia del Gobierno al 38 % del importe asignado en la séptima solicitud de pago del Plan de Recuperación, y ha reclamado aclarar si se cumplieron las normas de contratación pública y quién conocía las deficiencias del sistema. Según sus datos, 123 requerimientos judiciales no pudieron atenderse por falta de acceso a los registros de movimientos de los agresores.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ofrecido «colaboración absoluta» y «transparencia absoluta» a la Fiscalía Europea. Redondo ha defendido que el dinero se ha empleado correctamente y ha afirmado que el contrato actual mejora las disfunciones del anterior.

Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.