La suspensión del voto afecta a 163.000 españoles nacionalizados desde el extranjero

El Tribunal Supremo mantiene suspendidos cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo de residentes en el extranjero vinculadas a la llamada ley de nietos. La medida afecta a unas 163.000 personas, según la estimación de la Abogacía del Estado, ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Los afectados conservan la nacionalidad española, pero su participación queda condicionada a que se levante la suspensión o a que el consulado certifique que son descendientes de exiliados.

La decisión ha generado frustración entre ciudadanos que obtuvieron el pasaporte español para recuperar su vínculo familiar con España. Algunos ya votaron en las generales de 2023 y otros esperaban hacerlo por primera vez. “No tener derecho al voto para ellos es sentirse ciudadano de segunda”, resume el argentino Daniel Donoso Quintero, de 68 años.

El Tribunal Constitucional inadmitió el miércoles el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo al considerar que era prematuro, ya que la vía judicial ante el Supremo continúa abierta. La resolución mantiene la suspensión, aunque todavía no determina si vulnera los derechos de los afectados. El Defensor había reclamado una actuación urgente para proteger el voto, la igualdad y la tutela judicial efectiva.

Los testimonios recogidos muestran las dificultades para conocer la situación censal y acreditar documentalmente historias familiares ocurridas hace décadas. Ariel Mulki Aguilera, residente en Santiago del Estero (Argentina), asegura que no ha recibido una comunicación oficial y que la web le remite al consulado de Córdoba. También cuestiona la exigencia de demostrar el exilio de sus antepasados: “¿Qué quieren que probemos y cómo carajo se prueba el exilio?”.

Otros afectados, como Yaneisy López Hernández, residente en Berna, pudieron votar en 2023 y ahora hablan de “desencanto total”. Florencia Vasallo González considera que existe una fuerte dimensión identitaria y de justicia, mientras que Romina Patrisso sostiene que privar del voto a los ciudadanos en el exterior limita su posibilidad de contribuir al bienestar del país. La situación, de alcance estatal, también interesa en Palma como capital balear por afectar al ejercicio de los derechos electorales de ciudadanos españoles residentes fuera de España.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.