Menorca reactiva la suspensión de desahucios por vulnerabilidad hasta 2030

El nuevo decreto-ley estatal que suspende los desahucios en casos de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional ya se está aplicando en los juzgados, aunque todavía debe ser validado por la Diputación Permanente del Congreso. En Menorca hay más de un centenar de desalojos en trámite y solo el Partido Judicial de Maó acumula 63 ejecuciones hipotecarias en curso.

La norma, activada por el Gobierno el 8 de octubre, obliga a revisar los procedimientos en los que pueda existir vulnerabilidad entre los ocupantes. En 2025 se practicaron en la isla 60 desahucios, ocho por ejecuciones hipotecarias, mientras que otros 15 fueron suspendidos temporalmente por la situación de los inquilinos. Los datos de 2026 aún no figuran en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

El decreto establece que las suspensiones podrán prolongarse hasta el 31 de diciembre de 2030 en numerosos supuestos. La medida afecta a grandes tenedores, fondos de inversión y también a pequeños propietarios con una o dos viviendas alquiladas. En estos últimos casos, la administración debe ofrecer una alternativa habitacional o asumir la compensación económica correspondiente.

Cuando el juzgado notifica la situación de vulnerabilidad, la administración competente dispone de dos meses improrrogables para adjudicar una vivienda alternativa. Si no lo hace, debe pagar o consignar las rentas pendientes y las costas del procedimiento. Ese pago cancela la deuda, cierra el proceso y mantiene vigente el contrato de alquiler.

Los abogados consultados advierten de que la norma trasladará más presión a los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los servicios sociales y los juzgados. Francisco del Campo critica que se haya aprobado sin un estudio de impacto económico, mientras que Marisa Puertas considera que es un parche ante la falta de un parque público de vivienda social. José de Juan López valora que pueda evitar un aumento brusco de los desahucios, aunque alerta de la incertidumbre para los propietarios y del agotamiento de los recursos de vivienda social en Ciutadella.

La información afecta directamente a Menorca y, por tanto, al contexto de las Illes Balears, aunque el texto no aporta datos específicos sobre Palma. La aplicación del decreto en el conjunto del Estado puede tener implicaciones para las administraciones y los servicios sociales de la comunidad, pero no se detallan cifras concretas de la capital balear.

Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.