Una jueza de paz, un exjefe de Policía Local y un técnico municipal piden legalizar tres casas en Santa Agnès

La jueza de paz de Sant Antoni, Catalina Costa Bonet, y dos de sus hijos, Diego y Alejandro Ponce Costa, han iniciado un procedimiento para legalizar con carácter extraordinario tres viviendas unifamiliares, dos piscinas, terrazas y un anexo en una finca de suelo rústico protegido en Coll des Povas, en Santa Agnès. La solicitud se acoge a la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, impulsada por el Govern balear, que permite regularizar construcciones existentes en suelo rústico sin exigir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y de ordenación territorial de carácter general.

Los tres promotores tienen vinculación con la administración local. Catalina Costa Bonet, que fue la primera mujer concejal del PP en Sant Antoni y directora general de Educación en las Pitiusas, es la actual jueza de paz del municipio. Diego Ponce Costa es técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni, y Alejandro Ponce Costa fue jefe de la Policía Local hasta abril de este año.

El expediente se ha sometido a información pública mediante un anuncio de la Dirección General de Recursos Hídricos publicado en el BOIB el 22 de octubre, con un plazo de alegaciones que finaliza el 20 de noviembre. La parcela tiene 11.248,59 metros cuadrados y el proyecto contempla 660,13 metros cuadrados de superficie cerrada, 115,50 de terrazas cubiertas, 478,68 de terrazas descubiertas y dos piscinas de 19,2 y 8,68 metros cuadrados de lámina de agua.

Según la memoria, el Plan General de Sant Antoni sitúa la parcela en suelo rústico protegido, en la categoría de Áreas Excedentes, y el Plan Territorial Insular la clasifica como Área Rural de Interés Paisajístico. El PTI fija, con carácter general, una vivienda por parcela y una superficie mínima de 25.000 metros cuadrados, mientras que aquí hay tres viviendas y un volumen construido de unos 2.251 metros cúbicos, frente al máximo general de 900.

Los promotores justifican la antigüedad de las construcciones con imágenes aéreas del IDEIB: según el documento, las edificaciones ya estaban terminadas en 2015 y la piscina de la primera vivienda aparece en una ortofotografía de 2018. La resolución de la licencia extraordinaria corresponde al Ayuntamiento, que deberá valorar el cumplimiento de los requisitos de antigüedad y prescripción durante la tramitación.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.