Condenan a unos inquilinos de Granadilla de Abona a desahucio y a pagar 8.800 euros por impago del alquiler

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el desahucio de un negocio de recreativos situado en San Isidro, en Granadilla de Abona, y le obliga a pagar las rentas atrasadas tras dejar de abonar el alquiler durante la pandemia de COVID-19. La sentencia, identificada como SAP TF 1737/2026 y publicada en julio, revoca una resolución de 2021 que había desestimado la demanda de la propietaria del local.

El conflicto comenzó con las mensualidades que la empresa arrendataria dejó de pagar durante la crisis sanitaria. Los inquilinos alegaron que la pandemia y varios embargos de Hacienda habían alterado las condiciones del contrato, firmado en julio de 2016, y que algunos pagos se habían hecho a terceros o a la Agencia Tributaria. Los magistrados, sin embargo, consideran que estas circunstancias no justificaban suspender por iniciativa propia el pago de la renta.

La demanda de la sociedad propietaria reclamaba las rentas impagadas desde diciembre de 2019 hasta enero de 2021, además de la resolución del contrato y el desahucio. El Juzgado de Primera Instancia de Granadilla de Abona había rechazado en septiembre de 2021 esa reclamación. La Audiencia, tras revisar las pruebas, concluye que no se acreditó que otra sociedad hubiera sustituido a la propietaria como arrendadora y reconoce su derecho a reclamar las cantidades pendientes.

La renta mensual era de 880 euros. La Audiencia fija en 8.800 euros la deuda correspondiente a diez mensualidades, entre abril de 2020 y enero de 2021, cifra inferior a la inicial porque descuenta los pagos que considera acreditados a Hacienda. A ello se suman los suministros pendientes desde abril de 2020, fijados en 500 euros al mes, y las rentas posteriores que queden impagadas durante el procedimiento.

La resolución aplica la doctrina rebus sic stantibus, que permite pedir por vía judicial la revisión de un contrato ante una alteración extraordinaria de las circunstancias. La Audiencia admite que las consecuencias económicas de la pandemia pueden justificar una modificación contractual, pero considera que no bastan para suspender unilateralmente el pago del alquiler sin una base jurídica que lo ampare.

Con el contrato declarado extinguido, la empresa deberá abandonar el establecimiento dentro del plazo legal. Si no lo hace voluntariamente, podrá ejecutarse el lanzamiento judicial. El fallo subraya que las dificultades económicas extraordinarias pueden llevar a una revisión judicial del contrato, pero no autorizan por sí solas a incumplir las obligaciones de pago.

Información elaborada a partir de La Provincia.