Morales mantiene abiertas las vías judiciales para salvar el plan insular
Morales mantiene abiertas otras vías judiciales tras el rechazo del Supremo a un recurso contra la anulación del PIO de Gran Canaria.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sostiene que todavía existen opciones para revertir la anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO), pese a que el Tribunal Supremo ha cerrado uno de los recursos de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Morales afirmó que el plan "sigue estando en vigor" y que aún quedan otros procedimientos por resolver.
El presidente insular explicó que se han presentado numerosos recursos, incluidos varios ante el propio TSJC, y que el Cabildo estudia otras vías, como acudir al Tribunal Constitucional o incluso a Europa, según el resultado de los procedimientos pendientes. A su juicio, la decisión del Supremo aborda un aspecto formal y no el fondo del asunto, al considerar que la controversia depende de la interpretación de la legislación urbanística canaria.
Contra el PIO se presentaron 21 recursos contencioso-administrativos, siete de ellos con petición de nulidad total, según detalló en mayo la consejera de Política Territorial, Inés Miranda. El TSJC comenzó a anular el documento en abril al considerar que había quedado "vacío de contenido" tras su adaptación a una normativa que el tribunal entendía derogada por la Ley del Suelo de Canarias de 2017. El Cabildo rechaza esa interpretación y defiende el plan, que cuenta, según Morales, con más de 100 informes favorables de administraciones públicas.
El portavoz socialista, Augusto Hidalgo, calificó la inadmisión del Supremo de "previsible" aunque "discutible" y consideró que el conflicto debe resolverse en el TSJC. El Partido Popular, por su parte, la definió como una "muy mala noticia para la Isla" y reclamó un plan alternativo, además de pedir la dimisión de Morales, Miranda o de los cargos que impulsaron el documento.
Coalición Canaria instó al Cabildo a iniciar de urgencia la elaboración de un nuevo PIO. Su portavoz, Julio Rodríguez, advirtió de que la anulación del plan de 2023 devolvería previsiblemente la ordenación insular al documento aprobado en 2003 y podría generar problemas de seguridad jurídica en planes generales en revisión. Vox reclamó una comparecencia de Morales para conocer las consecuencias jurídicas, económicas y territoriales de la resolución.
La decisión afecta al conjunto de Gran Canaria y, por tanto, al marco territorial en el que se encuadran actuaciones y planeamientos que también tienen incidencia en Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla. El alcance definitivo dependerá de las resoluciones pendientes y de la situación que resulte de los procedimientos judiciales.
Información elaborada a partir de La Provincia.