El bono social de alquiler de la Xunta admite solicitudes hasta el 30 de noviembre
El bono de alquiler social de la Xunta puede solicitarse hasta el 30 de noviembre de 2026, con ayudas de hasta el 100% de la renta.
Las personas y familias en situación de vulnerabilidad residencial todavía pueden solicitar el bono de alquiler social de la Xunta hasta el 30 de noviembre de 2026, a las 23.59 horas, siempre que queden fondos disponibles. La ayuda se tramita ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) mediante el procedimiento VI482F y puede cubrir hasta el 100% de la renta mensual, dentro de los límites fijados para cada municipio.
El programa no está dirigido a todos los inquilinos, sino a colectivos que cumplan las condiciones previstas en la convocatoria. Entre ellos figuran las familias con dificultades para pagar el alquiler y con una demanda de desahucio por impago, las víctimas de violencia de género, quienes hayan perdido su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria o una dación en pago y las familias cuya residencia haya sufrido daños por acontecimientos imprevistos.
También pueden acogerse jóvenes que hayan estado tutelados por la Xunta, alcancen la mayoría de edad y abandonen el sistema de protección, así como determinados hogares incluidos en programas específicos de vivienda de la Administración autonómica. La normativa contempla otros supuestos, por lo que una situación económica difícil no garantiza por sí sola el acceso a la subvención.
Con carácter general, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar 1,5 veces el IPREM, aunque se aplican coeficientes de ponderación según la composición familiar. La convocatoria también establece límites sobre la propiedad de otras viviendas y exige, como regla general, estar empadronado y residir efectivamente en un municipio gallego durante los doce meses anteriores a la solicitud. Hay excepciones para algunas situaciones de especial vulnerabilidad.
Las personas solicitantes deben ser titulares de un contrato de arrendamiento o estar en condiciones de formalizarlo, con una duración mínima de un año. La documentación puede incluir el formulario normalizado, los datos de la unidad de convivencia, el contrato y un informe de los servicios sociales municipales, además de las pruebas específicas de la situación alegada.
La solicitud puede presentarse preferentemente por vía electrónica en la sede de la Xunta, aunque también se permite la presentación presencial en los registros habilitados. Debe dirigirse al área provincial del IGVS correspondiente al municipio donde se ubique la vivienda. La Administración tiene tres meses para resolver y, si no comunica una resolución expresa en ese plazo, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo. La medida afecta también a quienes residan en Pontevedra y cumplan los requisitos establecidos.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.