El Consejo de Españoles en el Exterior reclama recuperar el voto de 163.020 personas
El CGCEE pide al Defensor del Pueblo recurrir al Constitucional para que 163.020 españoles puedan votar el 29 de noviembre.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que recurra ante el Tribunal Constitucional para que 163.020 españoles afectados por la suspensión de sus derechos electorales puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La petición, aprobada este 13 de octubre por la Comisión Permanente del Consejo, reclama un recurso de amparo contra las resoluciones del Tribunal Supremo del 10 de septiembre y el 12 de octubre. También solicita medidas cautelarísimas para dejar sin efecto la suspensión mientras se resuelve el recurso.
La medida afecta a personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El CGCEE sostiene que no pudieron defenderse antes de que se adoptara una decisión que limita un derecho fundamental y advierte de que el plazo de cinco días hábiles para comparecer resulta insuficiente para muchos ciudadanos residentes en el extranjero.
El Consejo también denuncia una posible discriminación por lugar de residencia: quienes obtuvieron la nacionalidad por la misma vía pero viven en España mantienen su derecho a votar, mientras que la suspensión solo afecta a quienes figuran en el CERA. En las elecciones generales de 2023 votaron 233.774 personas de los 2,3 millones de electores inscritos entonces en ese censo.
La proximidad de los comicios aumenta la urgencia de la solicitud, ya que el envío de la documentación electoral está previsto entre el 24 y el 30 de octubre. Fuentes del Tribunal Constitucional habían considerado prematura su intervención mientras el asunto continúe en tramitación en el Supremo.
El CGCEE es el órgano consultivo del Estado en materia de derechos e intereses de los españoles residentes fuera del país. La cuestión afecta también a los ciudadanos de Pontevedra y del resto de Galicia que viven en el extranjero y están inscritos en el CERA, aunque el texto no aporta datos concretos de la provincia.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.