El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la Memoria Democrática
El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la Memoria Democrática ante las elecciones del 29 de noviembre.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión cautelar del derecho de voto de 163.020 ciudadanos nacionalizados españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática e inscritos en el censo electoral a 31 de agosto de 2026. La medida afecta a las elecciones convocadas para el 29 de noviembre.
La resolución ha sido dictada con Antonio Narváez como ponente. El magistrado, que fue integrante del Tribunal Constitucional entre 2014 y 2023, ha abierto ahora un plazo de cinco días hábiles para que las partes formulen alegaciones.
La magistrada Alicia Millán ha vuelto a discrepar de la decisión. En un voto particular, sostiene que la convocatoria electoral introdujo un elemento “nuevo y decisivo”, al convertir en irreversible la posible lesión del derecho de sufragio de los afectados y afectar a la seguridad jurídica y a la estabilidad del proceso electoral.
Millán considera que, al menos respecto a estos comicios, las medidas cautelares deberían haber quedado sin efecto mientras continúa pendiente la resolución definitiva de la controversia. El procedimiento parte de un recurso presentado por Vox e Iustitia Europea, que cuestionan si los inscritos cumplen los requisitos establecidos en una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022.
El texto analiza también las posibilidades de acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Según la información publicada, un eventual recurso tendría efectos individuales y una medida cautelar ordinaria difícilmente llegaría antes del 29 de noviembre; tampoco se considera viable una medida cautelarísima contra la resolución del Supremo.
La decisión tiene alcance estatal y afecta al conjunto de ciudadanos incluidos en ese censo, también en Galicia y, por tanto, a los electores de la provincia de Pontevedra que pudieran encontrarse entre los afectados. El artículo cuestiona además las dudas expresadas por Narváez en 2023 sobre una posible manipulación electoral a través de Indra, empresa que se limita a transmitir resultados provisionales y no participa en el recuento oficial.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.