La Fiscalía reclama más recursos en Pontevedra para atender a menores vulnerables

La Fiscalía de Galicia advierte de la falta de recursos sociales y sanitarios en Pontevedra para atender a menores que presentan comportamientos problemáticos, una situación que, según su Memoria de 2026 —con datos de 2025—, se detecta cada vez a edades más tempranas.

El documento señala que estos comportamientos afectan al entorno familiar y a los centros escolares. En el ámbito educativo, identifica al CEE Panxón, con 12 plazas, como el único recurso existente, y destaca la labor de la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aunque reclama reducir los tiempos de espera.

La Fiscalía recuerda que el centro Avelino Montero de Pontevedra es el único de la provincia para ejecutar medidas en régimen abierto y semiabierto, así como permanencias de fin de semana. Para las medidas en medio abierto existen dos puntos de atención, situados en Pontevedra y Vigo.

Entre las propuestas recogidas figura implantar el modelo Barnahus para atender de forma integral a las víctimas desde la primera revelación o indicio hasta el final del proceso judicial. También plantea agilizar determinados recursos ante la Audiencia Provincial y considerar como atentado las agresiones, intimidaciones graves o actos de violencia y resistencia grave contra el personal educativo de centros de protección y reforma.

La Memoria reclama además programas de apoyo para jóvenes que salen del sistema de protección. Según la Fiscalía, los programas Mentor atienden a pocos jóvenes y Pontevedra no dispone de pisos de convivencia para mayores de edad extutelados con apoyo social y orientación laboral. También alerta de las dificultades de documentación y regularización que afrontan algunos menores migrantes no acompañados.

El informe recoge asimismo el aumento de la cibercriminalidad en la provincia: en 2025 se presentaron 9.487 denuncias, frente a las 8.364 de 2024. Entre los asuntos citados figuran una investigación de un juzgado de Marín por posibles ataques informáticos contra sistemas del Puerto de Marín y un caso instruido en Caldas relacionado con delitos sexuales contra menores contactados a través de Internet y el teléfono.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.