Vivienda: qué medidas de Sánchez se han aprobado y cuáles siguen pendientes
El Gobierno ha aprobado parte de sus medidas de vivienda, pero siguen pendientes objetivos como las 184.000 viviendas asequibles y la reforma del suelo.
Las promesas de vivienda de Pedro Sánchez han avanzado de forma desigual desde su reelección como presidente del Gobierno tras las elecciones del 23 de julio de 2023. El Ejecutivo asegura haber movilizado más de 120.479 viviendas de alquiler asequible, pero esa cifra incluye promociones y actuaciones en distintas fases, no solo pisos terminados y entregados. El objetivo anunciado era alcanzar las 184.000.
Entre los compromisos ya materializados figuran la primera ley de vivienda de la democracia, aprobada en 2023; el bono alquiler joven, de hasta 600 euros para quienes ingresen menos de 25.000 euros; y una línea de 2.500 millones de euros en avales del ICO para jóvenes y familias. Sin embargo, a cierre de 2025 solo se habían utilizado 255 millones de esos avales, según los datos del organismo.
También dejó de aplicarse en abril de 2025 la llamada «golden visa», que concedía permisos de residencia a extranjeros que compraban inmuebles por más de medio millón de euros. En cambio, el parque público de vivienda sigue lejos del 20% planteado por Sánchez: los últimos datos citados lo sitúan en el 1,7%.
Casa 47, la entidad estatal de vivienda, concentra buena parte de la estrategia del Gobierno. Gestiona cerca de un millar de pisos y tiene 68.325 viviendas en su órbita, aunque 21.241 figuran como «en construcción» y, según fuentes del sector, ninguna habría iniciado las obras porque el suelo no es finalista o está pendiente de licitación. Otras 47.084 proceden de traspasos de activos del Patrimonio del Estado, principalmente de la Sareb.
De las doce medidas anunciadas por Sánchez en enero de 2025, varias han sido aprobadas. Entre ellas están un IVA del 10% para los pisos turísticos, la reforma fiscal de las socimis, nuevas deducciones para propietarios y cambios en los alquileres de temporada. También se aprobaron el PERTE de construcción industrializada, dotado con 1.300 millones, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y un sistema de garantías públicas junto con ayudas para rehabilitar viviendas vacías.
Siguen pendientes el impuesto de hasta el 100% del valor del inmueble para las compras de extranjeros extracomunitarios no residentes, el mecanismo legal para dar prioridad a Casa 47 en la adquisición de viviendas y suelos y la reforma de la Ley del Suelo. Esta última fue retirada del Congreso por falta de apoyos y finalmente quedó fuera del paquete de vivienda. La evolución de estas medidas también afecta al debate sobre el acceso a la vivienda en Pontevedra y en el conjunto de Galicia, aunque el balance citado no ofrece datos específicos de la provincia.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.