El juicio por el desfalco de 7,8 millones en San Fernando será en marzo de 2027

El juicio por la sustracción de 7,8 millones de euros de la caja del Ayuntamiento de San Fernando se celebrará los días 8, 9 y 10 de marzo de 2027 en la Audiencia Provincial de Cádiz. La vista se celebrará después de que no prosperara el acuerdo de conformidad planteado por la defensa de Clemente Ruiz, antiguo funcionario responsable del servicio municipal.

Las partes estaban citadas este martes para formalizar un pacto que habría permitido reconocer los hechos y rebajar las penas. Sin embargo, fuentes judiciales señalan que el acuerdo se frustró por la negativa de al menos una de las partes, entre ellas el Ayuntamiento de San Fernando, representado por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz.

Ruiz ya intentó alcanzar un acuerdo el pasado 21 de septiembre, durante la primera fecha prevista para el juicio, aunque entonces se pidió más tiempo para estudiar el caso. María José Lebrero de Celis, que trabajaba con él en las oficinas municipales, no aceptó sumarse a ninguna conformidad y mantiene su inocencia. En el procedimiento figuran además otras tres personas procesadas, incluida la esposa de Ruiz.

La Fiscalía solicita inicialmente para Clemente Ruiz hasta 16 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por malversación continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Para María José Lebrero plantea seis años de prisión e inhabilitación, además de penas por falsedad documental. Para las otras tres personas procesadas reclama cuatro años de prisión por blanqueo.

Según las conclusiones de la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009 desaparecieron 7.808.986,22 euros de la caja municipal. El desfalco se detectó a raíz de irregularidades observadas durante una auditoría rutinaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La investigación apunta a la manipulación sistemática de las hojas de caja y a la utilización de cheques y talones para justificar falsamente la salida de fondos.

El caso provocó una profunda conmoción política y social en San Fernando. Los dos funcionarios que estaban al frente de la caja fueron detenidos el 1 de abril de 2009 y quedaron posteriormente en libertad provisional. En paralelo a la causa penal, el Tribunal de Cuentas dictó en 2013 una resolución dentro del procedimiento de reintegro por alcance.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.