El Gobierno prepara nuevas ayudas ante el alza de la inflación y la energía

El Gobierno ultima un nuevo paquete de ayudas para aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo martes, en un contexto de inflación creciente y crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Medio. Desde marzo ha movilizado alrededor de 7.000 millones de euros en ayudas directas y otros 2.700 millones mediante la reducción progresiva del impuesto a la producción eléctrica, cuya eliminación está prevista durante 2027 y 2028.

El plan pretende atender a los sectores más afectados, aunque el Ejecutivo no se compromete a prorrogar por completo el decreto vigente, como reclaman las organizaciones empresariales. Buena parte de las medidas del actual escudo caduca el próximo miércoles, entre ellas las rebajas del impuesto de hidrocarburos y las ayudas al gasóleo para profesionales y agricultores.

El bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables seguirán vigentes hasta final de año. También se mantendrá la rebaja del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. Mientras tanto, los carburantes se han encarecido un 21,3% y la inflación general aumentó siete décimas en agosto, hasta el 4,3%.

Los socios parlamentarios consideran insuficiente el paquete y reclaman que el Gobierno incorpore medidas sobre vivienda. Sumar exige que se tramite de inmediato un decreto que incluya una moratoria de los desahucios, mientras que el PSOE prefiere separar esta cuestión y no llevarla al Consejo de Ministros sin tener garantizados los apoyos necesarios en el Congreso.

El texto pactado antes del verano entre PSOE y Sumar contempla ampliar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de julio de 2028. También incluye propuestas como elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos, regular los alquileres de temporada, establecer bonificaciones fiscales para quienes reduzcan las rentas y hacer obligatorios por escrito los contratos de alquiler.

La moratoria antidesahucios es uno de los principales puntos de conflicto. Las formaciones de izquierda piden recuperar la prohibición de desalojar a personas vulnerables, mientras el Gobierno reclama el respaldo parlamentario para aprobar las medidas. El paquete tendrá impacto general en los hogares y sectores económicos de Santa Cruz de Tenerife, aunque el texto no concreta actuaciones específicas para la capital tinerfeña.

Información elaborada a partir de El Día.