España plantea en la ONU una tasa climática para petroleras y gasistas
España defiende ante la ONU un impuesto a petroleras y gasistas para financiar la adaptación y la acción frente al cambio climático.
España ha defendido ante Naciones Unidas la creación de un impuesto específico sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas para financiar medidas contra el cambio climático. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó la propuesta en una reunión de alto nivel celebrada en Nueva York.
Aagesen reclamó desplegar el gravamen bajo el principio de que «quien contamina paga», con el objetivo de impulsar medidas de resiliencia y adaptar las políticas sectoriales a los efectos de los fenómenos climáticos extremos.
Durante su intervención, la vicepresidenta recordó que España ha afrontado en el último año olas de calor extremo que han causado casi 7.000 muertes prematuras, inundaciones agravadas por el calor acumulado en los océanos y grandes incendios forestales que han calcinado más de 300.000 hectáreas. También advirtió de que estos episodios pueden empeorar con el avance del cambio climático y afirmó: «Nadie, absolutamente nadie está preparado para un mundo que supere 1,5 grados centígrados».
En la propuesta remitida a la Unión Europea, el Gobierno solicita crear un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, financiado con nuevos recursos, entre ellos un gravamen europeo sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. España también plantea un sistema de reaseguro público-privado, bonos de riesgo climático y criterios de resiliencia en los presupuestos europeos y en las decisiones financieras de los grandes bancos.
La iniciativa se suma a otras reclamaciones internacionales. En 2022, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, defendió un impuesto a las petroleras para financiar acciones climáticas, y en 2024 reclamó también tasas para la aviación y los jets privados. Tras la cumbre climática celebrada el año pasado en Brasil, Francia, Kenia y Barbados aseguraron que trabajan en un consorcio internacional para gravar a los sectores más contaminantes.
La propuesta afecta a las políticas climáticas y energéticas que también condicionan el futuro de Canarias y de Santa Cruz de Tenerife, aunque el planteamiento presentado por España se debate en el ámbito estatal, europeo e internacional y no incluye medidas específicas para la capital tinerfeña.
Información elaborada a partir de El Día.