Los desahucios de dos familias en Madrid reavivan la protesta por la vivienda

El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde 1956 en un piso de renta antigua, y el de David y su hijo, de 21 años, provocaron este miércoles una de las mayores movilizaciones en Madrid desde la crisis inmobiliaria de 2008. Cerca de 200 personas acamparon ante el domicilio de Maricarmen y durante la mañana se sumaron centenares de manifestantes, aunque ninguno de los dos lanzamientos pudo evitarse.

Maricarmen salió de su vivienda, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, hacia las 13.00 horas en camilla y acompañada por sanitarios del Samur. El Tribunal Supremo avaló la extinción del contrato de arrendamiento tras una disputa con la propiedad, que reclamaba elevar la renta desde unos 500 euros mensuales hasta 2.650 euros.

David y su hijo fueron desahuciados de una vivienda del Ensanche de Vallecas. El inmueble formaba parte de una antigua promoción de alquiler asequible de la Obra Social de La Caixa, vendida posteriormente a una sociedad inmobiliaria. Su caso se relaciona con la falta de renovación de contratos que afecta a otros residentes del bloque.

Las protestas reunieron a vecinos y colectivos de vivienda en Retiro y Vallecas. Tras el desalojo de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas convocó otra concentración frente a una vivienda de Chamberí adquirida por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Su portavoz, Alicia del Río, afirmó que había habido “un punto de inflexión” y reclamó priorizar el derecho a la vivienda frente al negocio.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid denunció el “profundo fracaso” de las tres administraciones para proteger el derecho a la vivienda. El Gobierno regional y el Ayuntamiento defendieron que habían ofrecido alternativas de alojamiento a Maricarmen, mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento intentó mediar para adquirir el inmueble. La información afecta a Madrid y se publica en Santa Cruz de Tenerife por el interés general del debate sobre el acceso a la vivienda, sin que el texto aporte medidas o consecuencias específicas para Canarias.

Información elaborada a partir de El Día.