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Sanidad

Sanidad reclama medidas contra Madrid por no crear el registro de objetores

Sanidad pide a la Abogacía del Estado medidas para que Madrid cree el registro de objetores al aborto, pendiente desde la resolución del TSJM.

Redacción · Santa Cruz de Tenerife 2 min de lectura

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto.

García ha explicado que, a 1 de septiembre, Madrid no había avanzado más allá de los trámites iniciales, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenó en marzo iniciar el procedimiento administrativo para elaborar y aprobar el registro.

La resolución del TSJM se produjo tras un recurso de la Abogacía del Estado contra la inactividad de la Administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la normativa sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra ha hecho este anuncio durante la presentación de una campaña destinada a combatir el estigma y la culpa asociados al aborto y a reivindicar el derecho a acceder a esta prestación en la sanidad pública. Según ha señalado, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, una proporción que alcanzó el 99% en la Comunidad de Madrid.

García ha defendido que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero ha subrayado que debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo a la prestación. También ha reclamado organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros e información sobre los métodos disponibles.

La campaña sostiene que las mujeres tienen derecho a decidir y que la sanidad pública debe acompañarlas con información clara y atención adecuada. La ministra ha insistido en que las mujeres pueden vivir el aborto de formas distintas y que todas deben ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto.

La decisión afecta a la aplicación de la normativa estatal en la Comunidad de Madrid y no incluye datos específicos sobre Santa Cruz de Tenerife ni Canarias.

Información elaborada a partir de El Día.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de El Día · Ver original

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