Una acusada de estafa por fingir cáncer afronta un juicio en Tenerife

Una vecina de La Laguna, identificada como Eva, está acusada de estafar presuntamente al menos 94.000 euros a varias personas tras asegurar que padecía distintos cánceres y que necesitaba dinero para someterse a un tratamiento experimental en una clínica de Navarra. El juicio, previsto en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se celebrará el próximo mes después de ser suspendido por la ausencia de la acusada.

Una de las supuestas víctimas, identificada con el nombre ficticio de Juan, asegura que entregó 25.000 euros y que la situación provocó la ruptura con su pareja. Según su relato, ambos eran amigos desde la infancia y retomaron el contacto hace unos nueve años a través de Facebook. La mujer le habría contado que estaba muy enferma, que iba a morir y que no podía pagar el tratamiento.

La Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen que la investigada pidió dinero a familiares, amistades, conocidos y seguidores de redes sociales. También habría afirmado que las cantidades serían devueltas mediante un seguro de vida si fallecía. Juan calcula que cinco o seis afectados entregaron más dinero que él y recuerda que entre las personas perjudicadas había residentes en Sevilla, Córdoba y Vitoria.

La acusada no acudió a la vista señalada el pasado lunes. La autoridad judicial llegó a dictar una orden de búsqueda y captura, aunque posteriormente la suspendió tras recibir un escrito en el que Eva justificaba su ausencia por estar ingresada en un centro hospitalario. Las víctimas reclaman recuperar el dinero y esclarecer el destino de las cantidades.

Uno de los abogados de las víctimas, Jonay Ríos, solicita más de 17 años de prisión por delitos continuados de estafa, usurpación de estado civil y falsedad en documento privado. La Fiscalía pide cinco años de cárcel por estafa agravada y otro año y diez meses por falsedad documental. Ambas partes reclaman además la devolución de las cantidades y multas que suman 7.200 euros.

La causa se inició tras una denuncia presentada en 2019 por el abogado Francisco Elá, ya fallecido, en representación de nueve víctimas. Entonces se estimaba que el fraude podía superar los 100.000 euros. Las aportaciones individuales recogidas en la investigación oscilan entre 1.000 y 18.000 euros, y algunos afectados decidieron no denunciar.

Información elaborada a partir de El Día.