El Gobierno amplía la protección laboral y social ante catástrofes y enfermedades
El Gobierno aprueba nuevas ayudas y bajas laborales para proteger a trabajadores y familias ante catástrofes, enfermedades y otras situaciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley para reforzar la protección de trabajadores y familias ante situaciones como la dana, enfermedades graves de hijos, menopausia, violencia de género, viudedad y terrorismo. La norma deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes.
El texto crea dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal. Una se dirige a mujeres con patologías incapacitantes asociadas a la menopausia y a víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar. La prestación se cobrará desde el día siguiente a la baja, sin periodo de carencia, con el 60% de la base reguladora hasta el día 20 y el 75% desde entonces.
La segunda contempla a autónomos y asalariados afectados por acontecimientos catastróficos. La baja se asimilará a la derivada de un accidente de trabajo, con mayores cuantías y cobertura desde el primer momento, sin necesidad de declarar una situación excepcional para aplicar esta protección.
El real decreto también mejora la prestación para progenitores que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves. Ambos podrán recibirla de forma alternativa o simultánea y, en casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse después de los 26 años si existe dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.
Entre las medidas sociales figura además la ampliación del acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y al menos dos años de convivencia, aunque no estén inscritas en un registro. También se duplica hasta dos veces el salario mínimo interprofesional la orfandad vinculada a asesinatos por violencia contra la mujer.
El decreto eleva igualmente las pensiones extraordinarias por actos terroristas, que no podrán ser inferiores a dos salarios mínimos, y triplica de 100 a 300 euros la cuantía máxima de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Las medidas afectan al conjunto de España, también a trabajadores y familias de Sevilla, aunque el texto no concreta medidas específicas para la provincia.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.