El Gobierno da a los maquinistas la potestad de parar el tren ante riesgo grave e inminente

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector. Entre otros aspectos, la norma deja en manos de los maquinistas la decisión de parar el tren o no reiniciar su marcha ante situaciones de "riesgo grave e inminente". La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, llega tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas.

El decreto responde a las reivindicaciones de los sindicatos, con los que el Gobierno se ha reunido en los últimos días, y persigue cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), introducir principios de cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y ampliar la protección social en materia de coeficientes reductores para el personal que desempeña las mismas funciones.

En cuanto a los tiempos de conducción, el proyecto precisa qué actividades y periodos deben computarse. Se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo en movimiento y las interrupciones en las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo. Asimismo, se computará íntegramente cada periodo inferior a 45 minutos entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, incluso si queda relevado de la responsabilidad del vehículo. Las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones también se considerarán tiempo de conducción. Según el Ministerio, la norma contempla además los periodos realizados en redes distintas a la Red Ferroviaria de Interés General y, en los casos en que la conducción se realice por parejas de maquinistas, el tiempo se computará para ambos.

El decreto incorpora también los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. Permite que el personal con funciones de seguridad comunique los riesgos a través de canales internos o sistemas públicos que garanticen la confidencialidad de los informantes, y establece que no habrá sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. Además, reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente, lo que incluye interrumpir la marcha de un tren o no iniciarla, con la obligación de comunicarlo sin demora.

En materia de protección social, la norma extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el Real Decreto 2621/1986 al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato en los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Asimismo, con participación sindical, se iniciará una revisión de dichos coeficientes para estudiar la inclusión de otras categorías profesionales expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

Por último, el proyecto refuerza la supervisión de la AESF: las personas físicas o jurídicas sujetas a una acción de supervisión deberán facilitar el acceso a sus instalaciones y equipos, y las entidades ferroviarias deberán permitir el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando sea necesario, aunque pertenezcan a otra entidad ferroviaria.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.