El Gobierno negocia ampliar los alquileres y frenar desahucios hasta 2028

El Gobierno negocia un decreto de vivienda que prevé prorrogar durante dos años determinados contratos de alquiler y prohibir hasta 2028 los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo pretende llevar la norma este martes al Consejo de Ministros y busca apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso.

El borrador contempla que los contratos que finalicen antes de 2029 puedan beneficiarse de una prórroga extraordinaria, siempre que el inquilino esté al corriente de pago y lo haya estado durante los últimos ocho meses. Sumar considera imprescindible que se incluya la renovación automática, mientras Junts ha advertido de que el acuerdo se aleja por la incorporación de nuevas medidas.

La propuesta también limita al 2% las subidas de renta de los contratos cuya anualidad se cumpla entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, si propietario e inquilino no alcanzan otro acuerdo. En los casos de desahucio que afecten a pequeños propietarios, la Administración asumiría los gastos de compensación del proceso, incluidos determinados impagos y daños.

El paquete incorpora restricciones para los fondos de inversión, regula los alquileres temporales —que durarían entre 31 días y 12 meses— y obliga a justificar una causa real y acreditable. Si no existe esa causa, el contrato pasaría a considerarse de vivienda habitual. También plantea ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal y una rebaja del IVA para construir pisos protegidos con calificación permanente.

En materia fiscal, el borrador modifica el IRPF con reducciones para los propietarios de entre el 70% y el 100%, según las condiciones del contrato, la ubicación y la edad del inquilino. Asimismo, prevé una deducción del 10% para inquilinos de vivienda habitual en zonas tensionadas que cumplan determinados límites de renta, y exenciones de hasta el 100% de las ganancias por vender viviendas a organismos públicos destinados a vivienda social.

La medida afecta al conjunto de España y, por tanto, también al mercado del alquiler y a los hogares de Sevilla si finalmente se aprueba. No obstante, el texto difundido no detalla medidas específicas para la provincia o la capital andaluza.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.