El TSJA declara nulo el despido de una trabajadora con discapacidad en Sevilla
El TSJA declara nulo por discriminación el despido de una trabajadora sevillana con un 45 % de discapacidad psíquica y le concede 7.501 euros por daño moral.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo por discriminación el despido de una trabajadora con un 45 % de discapacidad psíquica, que fue cesada de inmediato tras reincorporarse de una baja por incapacidad temporal. La empresa la despidió disciplinariamente el 28 de junio de 2023, al día siguiente de recibir el alta médica por un "trastorno adaptativo con ansiedad", tras haber informado previamente a su coordinadora de su situación.
El Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla había calificado el despido como improcedente. La Sala de lo Social del TSJA ha ido más allá y lo ha considerado nulo al apreciar una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, especialmente por la proximidad temporal entre el alta y el cese. La empresa justificó el despido con argumentos genéricos sobre la calidad del servicio y el incumplimiento de instrucciones, sin concretar las conductas imputadas.
La sentencia se apoya en el artículo 14 de la Constitución Española y en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la nulidad de los despidos motivados por causas discriminatorias o que vulneren derechos fundamentales. Asimismo, aplica la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que incluye el estado de salud entre los factores protegidos.
El tribunal consideró que la trabajadora aportó "indicios fundados" de discriminación. Según la inversión de la carga de la prueba que recoge esta ley, correspondía entonces a la empresa demostrar que su actuación obedeció a motivos ajenos a cualquier propósito discriminatorio, y no lo logró. La falta de concreción en la carta de despido y la ausencia de pruebas que sustentaran las causas alegadas fueron determinantes.
Además de la readmisión, el fallo condena a la empresa a abonar una indemnización de 7.501 euros por daño moral. La sentencia subraya que el hecho de que la empresa conociera la discapacidad de la trabajadora desde el inicio de la relación laboral, siendo además un centro especial de empleo, no justifica un despido discriminatorio.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.