La Agencia Tributaria andaluza activa su canal interno para alertar de posibles infracciones

La Agencia Tributaria de Andalucía, con sede en el Coliseo de Sevilla, ha puesto en marcha su propio "sistema interno de información" para que empleados y profesionales puedan comunicar posibles infracciones normativas y casos de corrupción. La medida se ha adoptado al amparo de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y ya está en vigor.

La decisión se recoge en una resolución de la Dirección de la Agencia, fechada el 16 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La norma se basa en la Directiva (UE) 2019/1937 y en el Decreto 103/2025, de 21 de mayo, que obliga a las entidades instrumentales y consorcios con cincuenta o más trabajadores a contar con sistemas internos independientes.

El sistema será "único, independiente y diferenciado" y podrá utilizarlo quien haya obtenido información sobre infracciones en el ámbito de la organización de la Agencia en un contexto laboral o profesional. La resolución garantiza la confidencialidad de la información, la reserva de la identidad de la persona informante y el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Las comunicaciones podrán presentarse por escrito o verbalmente, a través de un buzón electrónico, correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica o sistema de mensajería de voz. También se admiten denuncias anónimas. El canal está accesible a través del portal de la Agencia, en la dirección https://canaldedenunciasatrian.juntadeandalucia.es.

La persona responsable del sistema, designada por la Dirección entre el personal del grupo A1 con más de diez años de antigüedad y con un puesto de nivel mínimo de jefatura de servicio, deberá actuar de forma independiente y sin recibir instrucciones. Cada información recibida se registrará en un libro-registro no público, y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, se remitirán de inmediato al Ministerio Fiscal o, si afectan a intereses financieros de la Unión Europea, a la Fiscalía Europea.

El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación no podrá superar los tres meses. Una vez concluidas, el expediente se archivará o se trasladará al órgano competente, según proceda.