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La Junta estudia recurrir ante el Supremo la sentencia que anula el cambio del Potaus en el Cortijo de Cuarto

La Junta estudia recurrir al Supremo la sentencia que anula la modificación del Potaus para el nuevo barrio de 5.500 viviendas en el Cortijo de Cuarto.

Redacción automática · Sevilla 2 min de lectura

La Junta de Andalucía estudia interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) que permitía levantar un nuevo barrio de más de 5.500 viviendas en la zona del Cortijo de Cuarto. El plazo para presentarlo es de 30 días.

Fuentes de la Consejería de Vivienda han señalado que el Gobierno andaluz «respeta y acata» el fallo, que anula la Orden de 28 de julio de 2023 que modificaba el artículo 35.2.b del Potaus. No obstante, consideran que la modificación está debidamente justificada en el interés general para garantizar el desarrollo económico y residencial sostenible de los municipios afectados. Como la sentencia no es firme, los servicios jurídicos autonómicos estudian presentar el recurso en la siguiente instancia.

Según estas mismas fuentes, el TSJA no cuestiona el fondo de la reforma, sino que exige una justificación «más estricta y detallada» para el ajuste del ancho de la franja de 200 a 100 metros, al afectar a suelos previstos como espacios libres. Añaden que la sentencia no afecta a la integridad del Potaus ni al futuro de los cuatro sectores de suelo urbanizable implicados, que pueden seguir desarrollándose con el planeamiento municipal, la Ley Lista y la redacción original del Potaus, manteniendo la franja de 200 metros.

La Junta subraya que la modificación no afecta a espacios naturales protegidos, al dominio público marítimo-terrestre ni al suelo no urbanizable, sino únicamente a cuatro sectores urbanizables (uno industrial y tres residenciales) ya aprobados antes de la entrada en vigor del Potaus. Sostiene que no se eliminan los espacios libres ni se rompen los corredores verdes, sino que solo se adapta su ancho a la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas.

Por último, la Consejería defiende que la modificación cuenta con respaldo técnico y ambiental: superó la evaluación ambiental estratégica sin objeciones y obtuvo informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Dirección General de Costas y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

Información elaborada a partir de ABC Sevilla.

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