Los afectados por el brote de listeria de Magrudis piden un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla siete años después

La Audiencia de Sevilla ha fijado el 23 de noviembre como nueva fecha para el inicio del macrojuicio por el brote de listeriosis de 2019, provocado por carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con esta bacteria. El nuevo aplazamiento da más margen para la negociación que reclaman los afectados al Ayuntamiento de Sevilla, responsable civil subsidiario en el caso y, por tanto, susceptible de asumir el pago de las indemnizaciones. El objetivo es alcanzar un acuerdo de conformidad que evite la celebración del juicio y un proceso que podría alargarse varios años más por los recursos contra la sentencia.

El brote dejó más de 240 lesionados, cuatro víctimas mortales y siete mujeres cuyos embarazos acabaron en aborto. Victoria Fuentes relata que su madre, María Dolores, de 59 años y en tratamiento de quimioterapia, contrajo la infección y falleció en 2020 tras verse obligada a interrumpir el tratamiento oncológico. Según explica, la quimioterapia era su esperanza para vivir unos años más, y reclama justicia y que el caso se cierre cuanto antes.

Otro caso es el de un matrimonio sevillano: la madre contrajo la infección tras probar un trozo de carne mechada de la marca La Mechá, tuvo un parto prematuro en el Hospital Virgen del Rocío y nacieron los gemelos Pablo y Javier. Pablo tiene una discapacidad del 75 por ciento y Javier del 40 por ciento. Su padre explica que su mujer dejó su carrera profesional para cuidarlos y que pide un acuerdo «más temprano que tarde», ante la incertidumbre que supone un juicio con 43 sesiones y una sentencia recurrible.

Fernando Jurado, que se infectó tras comer un bocadillo de carne mechada en San Juan de Aznalfarache, también sufre secuelas siete años después, entre ellas dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y una operación de tendones. Responsabiliza en gran medida al Ayuntamiento por los fallos en las inspecciones y por reaccionar tarde.

Desde el punto de vista económico, la póliza de Magrudis tiene un límite de 300.000 euros y las aseguradoras municipales también tienen topes, por lo que la cobertura no alcanza los más de diez millones de euros reclamados. Los abogados de los afectados piden que el Ayuntamiento complete las indemnizaciones con unos cinco millones de sus fondos propios. El Consistorio alega que no puede pactar extrajudicialmente reconociendo culpabilidades que no le corresponden, mientras que los letrados sostienen que la responsabilidad de la Administración es objetiva y directa y que un acuerdo no exige una condena penal.

Información elaborada a partir de ABC Sevilla.