La vivienda protegida pierde peso en Valladolid tras años de falta de control
La vivienda protegida pierde peso en Valladolid por la falta de controles, mientras los fondos europeos impulsarán más alquiler público en Castilla y León.
El parque de vivienda pública protegida afronta una situación crítica en Valladolid y Castilla y León: buena parte de las promociones levantadas durante las últimas décadas con apoyo de fondos públicos ha dejado de estar protegida y puede venderse como vivienda libre. El texto señala además la falta histórica de transparencia en las adjudicaciones y de inspecciones para comprobar que los pisos se destinaban a residencia habitual.
El acceso a muchas viviendas protegidas se habría visto condicionado por los contactos o la suerte, en lugar de un sorteo generalizado. El caso de Torre Gaviota, en Villa de Prado, aparece como ejemplo de una promoción en la que alrededor de una docena de propietarios tenían vínculos familiares con cargos y asesores del PP, aunque cumplían los requisitos. El artículo recuerda que unos 4.000 solicitantes recorrían las promotoras de vivienda protegida de Valladolid sin que estas candidaturas fueran tenidas en cuenta.
La diferencia de precio podía ser determinante: un piso de tres habitaciones en un barrio vallisoletano en expansión se adjudicaba por 125.000 euros, mientras que una vivienda libre similar superaba los 300.000. La selección de adjudicatarios correspondía en muchos casos a las promotoras constructoras, ya que la Junta no había establecido el sorteo como procedimiento general en la comunidad.
El artículo atribuye la pérdida de ese parque público a la división de competencias entre las administraciones estatal, autonómica y municipal, a una normativa compleja y a la falta de controles. En Castilla y León, a diferencia de otros casos citados en Madrid, las viviendas protegidas han pasado a ser libres en manos de sus propietarios iniciales.
Los fondos europeos posteriores a la pandemia permitirán incorporar en los próximos meses más de un millar de viviendas al parque público de Castilla y León, destinadas al alquiler joven. El texto reclama que el proceso se realice con máxima publicidad y transparencia y pone como advertencia el caso de los pisos de la antigua casa cuartel de Puente Colgante, en Valladolid.
La rehabilitación de esas viviendas supuso una inversión pública de más de 7 millones de euros. Para acceder al alquiler considerado social, la Junta fijó unos ingresos anuales de entre 24.318 y 57.902 euros, lo que dejó fuera a 4.550 de los 5.000 inscritos en Valladolid por no alcanzar ese nivel de renta.
Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.