La Fiscalía archiva el caso de las 189 VPO de Vélez-Málaga

La Fiscalía Provincial de Málaga ha archivado las diligencias sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de las 189 viviendas protegidas promovidas sobre suelo municipal de Vélez-Málaga por Galivivienda, bajo la supervisión de Emvipsa. El Ministerio Público aprecia indicios de posibles «filtraciones de información» que habrían facilitado reservas anticipadas, especialmente en la promoción de Cerro del Águila, en Torre del Mar, pero considera que no hay elementos suficientes para atribuir un delito a responsables públicos.

La investigación se abrió el 20 de abril tras la denuncia del portavoz municipal de Andalucía Por Sí, José Pino. La Fiscalía constató la existencia de 54 socios previos vinculados a la futura promoción, cinco de ellos no inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, así como reservas anticipadas en Cerro del Águila. También examinó 29 contratos de participación social correspondientes a las promociones de Cerro del Águila, calle Aceituneros y Real Bajo.

El sistema inicial de Galivivienda permitía elegir previamente una vivienda y exigía una aportación inicial de 25.000 euros al capital social, dentro de un modelo que Emvipsa consideró incompatible con las normas de adjudicación de vivienda protegida sobre suelo público. La empresa municipal también cuestionó una aportación obligatoria de 39.000 euros y la falta de garantías suficientes para determinados cupos.

Tras recibir un informe jurídico, Emvipsa requirió a la cooperativa que modificara el procedimiento. El Consejo de Administración acordó después sustituir el sistema por un sorteo público ante notario, eliminar la obligación de pertenecer previamente a Galivivienda y suprimir los desembolsos anticipados para participar. El sorteo de las promociones de Valle-Niza, Cerro del Águila, calle Aceituneros y Real Bajo se celebró el 1 de septiembre en el Teatro Lope de Vega.

La Fiscalía considera que las sospechas sobre las filtraciones no bastan para iniciar un procedimiento penal por revelación de información privilegiada o prevaricación, al no poder atribuir los hechos a autoridades o empleados públicos que conocieran conscientemente la ilegalidad. No obstante, advierte de que el caso podría reabrirse si aparecen nuevos indicios, especialmente sobre las listas definitivas, los precios máximos de VPO o posibles penalizaciones discriminatorias.

Información elaborada a partir de Diario Sur.