El TSJC anula la ordenanza de la ZBE de Sant Adrià de Besòs y sus multas por falta de memoria económica

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del Gremio de Talleres de Reparaciones de Automóviles de la provincia de Barcelona y ha anulado la ordenanza que el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs aprobó en 2024 para regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según la sentencia consultada por Europa Press. La decisión restringía la circulación de los vehículos más antiguos.

El gremio alegó que la medida no estaba suficientemente motivada, ya que el consistorio no presentó una memoria económica que evaluara su impacto en la actividad económica local. Según el recurso, tampoco se cuantificó la mejora de la calidad del aire ni se tuvieron en cuenta la orografía del municipio y otras posibles fuentes de contaminación. En palabras del gremio, la ZBE "es buena porque lo dicen otros, sin tener en cuenta la idiosincrasia del municipio".

Por su parte, el Ayuntamiento se opuso al recurso y justificó su decisión en la necesidad de cumplir los límites de contaminación fijados por la UE para 2030. No obstante, reconoció que en el expediente no figuraba la memoria presupuestaria y fiscal.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha declarado nula la ordenanza al considerar que la ley exige aportar una memoria económica. Además, reprocha al consistorio que no presentara un informe sobre el impacto de la zona que justificara las restricciones adoptadas.

La sentencia llega después de que el Consejo de Ministros aprobara la modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La nueva norma exige a las entidades locales obligadas a implantar estas zonas acreditar un régimen sancionador efectivo, sin periodos transitorios que demoren su aplicación.

La obligación afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. Los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos, comunicar la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos, y aplicar los sistemas de control, monitorización y seguimiento. El Gobierno pretende así garantizar mecanismos reales de cumplimiento, dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos y evaluar la eficacia de las ZBE, lo que podrá servir de referencia para la financiación de la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Aunque la noticia se refiere a Sant Adrià de Besòs, en la provincia de Barcelona, sirve como referencia para Zamora, donde el debate sobre las zonas de bajas emisiones y sus requisitos legales puede plantearse en el futuro.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.