El Supremo rechaza medidas urgentísimas de Ceuta contra el Gobierno por inacción en la crisis migratoria
El Supremo rechaza las medidas cautelarísimas de Ceuta contra el Gobierno por inacción en la crisis migratoria y pide alegaciones a la Abogacía del Estado.
El Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por Ceuta en su recurso contra la inactividad de la Administración General del Estado en la asignación de medios personales y materiales para tramitar en plazo los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional derivados del acceso masivo e irregular de inmigrantes a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo afirma ser consciente de la crisis que vive Ceuta desde entonces, pero considera que no puede acordar esas medidas sin oír antes al Gobierno, parte contraria en el procedimiento.
El tribunal explica que no se ha acreditado la especial urgencia que exige la adopción de medidas cautelarísimas. Según el auto, la supuesta inactividad de la Administración central se viene prolongando desde hace más de dos meses y medio, y hasta ahora no se había alegado esa urgencia. En el mismo auto, la Sala ordena tramitar las medidas cautelares por el procedimiento ordinario y concede a la Abogacía del Estado un plazo de 10 días para presentar alegaciones, lo que permitirá al tribunal pronunciarse con todos los datos sobre la gestión realizada.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene que el Gobierno no contestó en plazo a su requerimiento del 16 de septiembre, que fue desestimado el 20 de octubre por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en calidad de mando único. El recurso se basa, según la ciudad, en la falta de asignación de medios y recursos para identificar y tramitar los expedientes y en la falta de información sobre su tramitación.
El auto reconoce que la crisis, gestionada mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, supera las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana de la ciudad y requiere una intervención coordinada de ámbito estatal y local, aunque ello no basta para acordar las medidas pedidas.
Ángel Víctor Torres considera "lógica" la decisión de escuchar al Gobierno y defiende que el Ejecutivo ha creado 8.000 plazas en 12 recursos habilitados en la ciudad, ha desalojado los asentamientos y ha agilizado los trámites de extranjería, con más de 14.000 retornos a Marruecos hasta la fecha. Asegura que la situación está "mucho más cerca de la normalidad" y acusa al PP de hacer un uso electoral de la crisis.
Por otra parte, el letrado de la Administración de Justicia ha dado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo objeto del recurso, tal y como prevé la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.