La patronal de centros de datos recurrirá en los tribunales el decreto del Gobierno y pide su suspensión
La patronal SpainDC, con Amazon y Microsoft entre sus socios, recurrirá el decreto de centros de datos y pide su suspensión cautelar en los tribunales.
La patronal española de los centros de datos, SpainDC, llevará a los tribunales el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y solicitará su suspensión cautelar. La asociación, que agrupa a más de 300 compañías entre ellas Amazon Web Services y Microsoft, considera que las condiciones de la nueva normativa dificultan el desarrollo de nuevos centros de datos en España y pueden afectar a las inversiones previstas en el sector.
SpainDC sostiene que los requisitos de adicionalidad y correlación horaria son inviables para estas instalaciones. Según explica, la alternativa prevista contempla desconexiones prioritarias del suministro eléctrico que considera incompatibles con el funcionamiento continuo de los centros de datos. Su presidente, Emilio Díaz, ha afirmado: «Nos sentimos señalados por un Gobierno que pretende convertir a todo un sector económico en culpable de problemas que no ha provocado». Díaz también ha advertido de que, sin centros de datos en el territorio, «no hay autonomía tecnológica posible».
La asociación cifra en 66.900 millones de euros las inversiones previstas en centros de datos en España hasta 2030 y advierte de que podrían trasladarse a otros países si las condiciones dificultan su ejecución. La directora ejecutiva, Begoña Villacís, ha criticado el procedimiento seguido por el Ejecutivo y la falta de acuerdo con el sector, además de la tramitación urgente del decreto, a nueve días de las elecciones generales.
Otro punto de desacuerdo es el impacto sobre el sistema eléctrico. SpainDC cuestiona la previsión de 5.000 millones de euros en sobrecostes atribuida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y reclama que se detalle su metodología. Cita un análisis de Wood Mackenzie según el cual tres gigavatios adicionales de capacidad supondrían un incremento del 1,3% en el precio eléctrico medio en 2030. También discrepa de las comparaciones con Irlanda, donde los centros de datos representan el 23% del consumo eléctrico, frente al 5% de Países Bajos y el 0,8% de España.
La patronal mantendrá su oposición por la vía judicial y en el ámbito institucional, con el objetivo de lograr la derogación del real decreto o una modificación sustancial de su contenido.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.