La Junta asegura que cumplirá la ley sobre el aborto farmacológico en Primaria
La Junta asegura que Andalucía cumplirá la ley si el aborto farmacológico se incorpora a Atención Primaria, una medida aún por concretar.
Andalucía cumplirá la ley si el Ministerio de Sanidad incorpora el aborto farmacológico a la cartera común de Atención Primaria, según ha asegurado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz. Sus declaraciones se han producido este martes en el centro de salud Alameda-Perchel, donde presentó el balance del Plan Bucodental de Andalucía.
Actualmente, los centros de Atención Primaria informan y derivan a las mujeres a centros sanitarios acreditados. Con el cambio planteado por Sanidad, la interrupción voluntaria del embarazo mediante medicamentos podría dispensarse y realizarse desde los propios centros de salud, aunque las comunidades autónomas deberán concretar cómo se organizará la prestación y qué profesionales asumirán cada fase.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que el acceso al aborto debe estar garantizado en todo el territorio y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar esta prestación. El Ministerio prevé modificar la regulación de los centros sanitarios, actualizar la cartera común de servicios y tramitar cambios en la ficha técnica de la mifepristona para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
El principal debate se centra ahora en la posible objeción de conciencia de los médicos de familia y otros profesionales sanitarios de Atención Primaria. Las sociedades médicas, los colegios profesionales y los sindicatos consultados por SUR no se han pronunciado de momento sobre la propuesta.
Sanz ha acusado a García de estar «siempre de campaña» y ha reclamado que dialogue con los médicos para evitar la huelga indefinida convocada por los sindicatos a partir del 28 de octubre. El consejero ha cifrado en 202 millones de euros el coste de las últimas huelgas para Andalucía y ha afirmado que se perdieron un millón y medio de actos asistenciales.
La medida todavía debe concretarse en aspectos como la dispensación en los ambulatorios y la asignación de funciones a los profesionales. El Ministerio sostiene que pretende facilitar el acceso, reducir desplazamientos y ofrecer acompañamiento antes, durante y después del proceso.
Información elaborada a partir de Diario Sur.