Alcoy remite a Fiscalía contratos por 400.000 euros vinculados a una funcionaria

El Ayuntamiento de Alcoy ha trasladado a la Fiscalía unas presuntas irregularidades relacionadas con contratos menores y facturas adjudicados a empresas vinculadas al marido de una funcionaria municipal, por un importe aproximado de 400.000 euros durante diez años.

La decisión se ha tomado después de que el instructor del expediente disciplinario interno detectara indicios de posibles responsabilidades penales. El procedimiento administrativo queda temporalmente suspendido a la espera de lo que determinen los tribunales.

Las actuaciones afectan a una funcionaria del área de Inspección General de Servicios (IGS), a quien se abrió en febrero un expediente disciplinario por presuntos hechos muy graves. Según la información difundida, habría intervenido en adjudicaciones a personas vinculadas sin apartarse del proceso cuando la normativa lo exige.

Los pagos detectados eran, habitualmente, de entre 600 y 1.000 euros, con un importe anual de entre 20.000 y 25.000 euros en los últimos años. Las adjudicaciones se intensificaron entre el verano del año pasado y enero de 2027, y una empresa habría recibido hasta 180.000 euros poco después de constituirse en noviembre. El texto original sitúa estos hechos en un periodo posterior a la fecha de la noticia, un extremo que queda pendiente de aclaración.

El procedimiento consistía en solicitar normalmente cuatro o cinco presupuestos, por encima de los tres exigidos, y adjudicar el contrato a la oferta más económica. Desde el Gobierno municipal señalaron que no conocían la relación de la funcionaria con las empresas, entre otras razones porque no existe un registro municipal de familiares y en los contratos menores solo se aporta el presupuesto, no la composición societaria.

Fuentes municipales han confirmado el traslado a la Fiscalía y han señalado que el expediente podría reabrirse cuando concluya la investigación. Esto ocurriría tanto si se confirma la existencia de un delito penal como si no, ante la posible concurrencia de responsabilidades administrativas.

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