La Audiencia Nacional indemniza con 30.000 euros a un guardia civil de la Operación Monte

La Audiencia Nacional ha fijado en 30.000 euros la indemnización para un guardia civil que permaneció 420 días en prisión preventiva por su presunta relación con la Operación Monte, una investigación contra el tráfico de hachís con varios episodios desarrollados en el puerto de Algeciras. El agente fue absuelto en 2023 de todos los delitos que se le atribuían.

Algeciras fue uno de los escenarios principales de aquella operación, centrada en una organización que trasladaba grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta Ceuta y, posteriormente, a la Península. Parte de la droga viajaba oculta en dobles fondos de camiones que cruzaban el Estrecho y llegaban al puerto algecireño.

La investigación documentó un alijo de 2.072 kilos interceptado el 14 de enero de 2016 y otro de alrededor de 2.700 kilos localizado el 24 de febrero, ambos en Algeciras. El balance policial de la Operación Monte incluyó 19 detenidos, entre ellos tres guardias civiles destinados en la Comandancia de Ceuta, además de 5.400 kilos de hachís, vehículos, una embarcación semirrígida, armas y dinero en efectivo.

El agente fue detenido el 8 de marzo de 2016 e ingresó tres días después en prisión preventiva. Primero estuvo en el centro penitenciario de Sevilla y, desde julio de ese año, en la prisión militar de Alcalá de Henares. Quedó en libertad provisional el 3 de mayo de 2017, tras prestar fianza. La acusación llegó a solicitar para él 18 años de cárcel por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros.

Tras su absolución, el guardia civil reclamó al Estado 202.000 euros por la interrupción de su carrera, la separación de su familia y el deterioro de su imagen. La Audiencia Nacional considera acreditado que sufrió un trastorno adaptativo relacionado con su estancia en prisión y reconoce los daños morales asociados a la privación de libertad, aunque rechaza indemnizar de forma independiente el daño reputacional derivado del proceso penal.

La defensa estudia ahora recurrir en casación ante el Tribunal Supremo para intentar elevar la compensación. La sentencia recuerda que una absolución posterior permite reclamar por los perjuicios de la prisión preventiva, pero no implica automáticamente que esa medida fuera ilegítima o desproporcionada.

Información elaborada a partir de Europa Sur.