Las comunidades de vecinos andaluzas afrontan obras urgentes, morosidad y normativa complicada

El sector de la administración de fincas vive un momento de transformación, con el fuerte crecimiento de empresas como Inmho, que ha absorbido hasta 20 firmas en Andalucía en los últimos 18 meses. Según explica José Manuel Aguilar, director territorial de Inmho en Andalucía, esta concentración responde a una exigencia cada vez mayor de las comunidades de vecinos y a un volumen de trabajo creciente por la burocracia y el estado de conservación de muchos edificios.

Aguilar señala que una empresa más grande puede tener medios y capacidad para ser proactiva, algo que no siempre está al alcance de un despacho pequeño. Entre los problemas que enumera figura la morosidad, un viejo conocido, y el envejecimiento del parque inmobiliario, más reciente. Sobre este último punto afirma que “ahora mismo hay unas necesidades de conservación, de accesibilidad y eficiencia energética que conllevan inversiones que no todas las comunidades pueden afrontar”.

Aunque existan ayudas, las obras suponen un desembolso para los propietarios, que en muchos casos deben aprobar cuotas extraordinarias. Aguilar relata que tiene comunidades a las que se les han concedido el 80% de los fondos subvencionables y que, a la hora de ratificarlo, se niegan. A ello se suma que no todos los administradores están dispuestos a gestionar subvenciones por el trabajo extra que implican.

Según el directivo, lo que más problemas causa es la accesibilidad y la conservación, mientras que la eficiencia energética es “un plus” y no algo imprescindible. Pone como ejemplo un barrio sevillano, Los Pajaritos, donde hay solo cuatro ascensores para todo el conjunto, y recuerda la caída de un trozo de fachada en un edificio de 1999: “arreglar eso no es un lujo, es una cuestión de vida o muerte”. Reclama facilitar la tramitación de las subvenciones y un cambio de mentalidad social.

Las cuotas tampoco dejan de crecer por el aumento de los costes de suministros, seguros y mantenimiento. Aguilar explica que su empresa se especializa en renegociar contratos, aunque reconoce que, cuando todo sube, el incremento acaba repercutiendo en los servicios y las cuotas, y que los sueldos no suben en la misma proporción. En algunas zonas además hay escasez de proveedores, tanto en número como en calidad.

La complejidad normativa es otro quebradero de cabeza: protección de datos, la coordinación de actividades empresariales para contratar trabajadores o la normativa de ascensores. Respecto a los morosos, Aguilar lamenta que no exista una solución global y que los procesos son lentos. El acto conciliador implantado el año pasado acorta el procedimiento, pero con morosos insolventes o profesionales “no hay solución”, y el embargo de una vivienda por deudas con la comunidad es hoy en día poco frecuente. Respecto a las piscinas, algunas comunidades han impedido el acceso a morosos, amparadas por jurisprudencia que exige mayoría simple y acuerdos coherentes, aunque Aguilar recuerda que falta una sentencia del Tribunal Supremo que fije doctrina definitiva.

Información elaborada a partir de Diario de Almería.