La falta de reglamento complica los certificados de amianto en Badia
La falta de reglamento deja en el aire los certificados de amianto, una obligación que también afecta a inmuebles de Badia del Vallès.
La aplicación de la nueva ley catalana para erradicar el amianto afronta dificultades por la falta del reglamento que debe concretar sus procedimientos. La norma entró en vigor el 3 de octubre y obliga a presentar un certificado sobre la presencia o ausencia de amianto en determinadas compraventas y alquileres de inmuebles construidos antes de 2002.
La Generalitat todavía debe definir cómo se realizarán las inspecciones, qué requisitos deberán cumplir los profesionales y bajo qué condiciones se emitirán los certificados. Mientras tanto, la Agència de Residus de Catalunya ha publicado un modelo básico basado en una inspección visual para localizar materiales susceptibles de contener amianto y valorar su estado, sin exigir análisis de laboratorio en todos los casos.
La situación afecta especialmente a municipios como Badia del Vallès, donde la cuestión del amianto tiene una relevancia directa en el parque de viviendas y edificios construidos hace décadas. La empresa ACM 2020 Consultoría y Diagnóstico de Amianto, que ha participado en actuaciones en Badia, ha recibido numerosas consultas, aunque por ahora descarta ofrecer este servicio.
Profesionales del sector advierten de la falta de criterios sobre quién puede certificar y cuestionan las ofertas de empresas que prometen emitir documentos a partir de fotografías o videollamadas, sin visitar el inmueble. La propia Agència de Residus reconoce que estas fórmulas no garantizan una revisión exhaustiva y deja para el futuro reglamento la concreción de los procedimientos.
El precio del certificado ronda actualmente los 200 euros en parte del mercado, aunque algunas empresas prevén que pueda bajar hasta los 40 o 50 euros. Se trata de una estimación empresarial y no de una tarifa regulada. La Generalitat dispone de un año desde la aprobación de la ley, en julio de 2026, para desarrollar el reglamento.
Entidades vecinales reclaman controles sobre las empresas encargadas de retirar el amianto y garantías sobre la trazabilidad de los residuos. La ley prevé un régimen sancionador específico, pero su desarrollo está pendiente; mientras tanto, continúa siendo aplicable la normativa general correspondiente.
Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).