Barcelona compromete 10 millones de euros para ampliar la videovigilancia a 14 zonas de la ciudad
El Ayuntamiento de Barcelona compromete 10 millones para instalar cámaras de videovigilancia en 14 zonas de seis distritos, con despliegue previsto hasta 2027.
El ayuntamiento de Barcelona, que dirige Jaume Collboni, ha comprometido el pago de 10.001.629,35 euros para instalar decenas de cámaras de videovigilancia en calles y plazas de la ciudad. La medida forma parte de su estrategia para reducir la delincuencia y calmar la sensación de inseguridad entre los vecinos, que sigue siendo elevada pese a las estadísticas municipales que indican un retroceso de la criminalidad. Según el texto original, el consistorio anunció en octubre de 2025 que triplicaría las cámaras, pasando de 160 a unas 660 hasta 2027, repartidas en los diez distritos.
Desde ese anuncio, el ayuntamiento ha aprobado 14 proyectos ejecutivos para colocar estos equipos en seis distritos. Cinco se sitúan en Ciutat Vella, tres en el Eixample, dos en Nou Barris y Horta-Guinardó, y uno en Sants-Montjuïc y en Sant Andreu. El coste de cada proyecto oscila entre unos 375.000 euros y cerca de dos millones. Los planes han recibido el visto bueno de la comisión de control de dispositivos de videovigilancia, presidida por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, y de la dirección general de seguridad del Departament d'Interior.
Entre los proyectos más costosos figura el de Nou Barris, con 1,84 millones de euros para el parque de la Guineueta y la plaza Àngel Pestaña, y el de la Anella Olímpica, con 31 visores por 1.166.702,30 euros. El ayuntamiento indica que el calendario de instalación depende del ritmo de las obras y de la tramitación de los permisos, y que la mayoría de los sistemas aún está pendiente de montaje.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona, Andreu Joan Martínez, destaca el papel de la comisión de videovigilancia para evitar que el despliegue resulte intrusivo o desmedido. Según sus palabras, la videovigilancia es una medida útil, pero no basta por sí sola para reducir de forma inmediata la delincuencia, y debe complementarse con otros elementos de seguridad. Martínez considera poco probable que la delincuencia se desplace a zonas sin cámaras y señala que la ley que regula la videovigilancia, de 1997, debería actualizarse ante tecnologías como la inteligencia artificial o los drones.
Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).