Los cuidados y la falta de recursos frenan el acceso educativo de mujeres vulnerables

Un estudio nacional de Columbares identifica los cuidados, las dificultades económicas y las trabas administrativas como algunos de los principales obstáculos para que las mujeres en situación de vulnerabilidad inicien, continúen o retomen su formación.

La investigación, presentada en Murcia, recoge las experiencias de 39 mujeres, con una edad media de 39,6 años, que participaron en cuatro grupos focales. Uno de ellos estuvo formado por mujeres de entornos rurales de O Barco de Valdeorras, junto a otros grupos de mujeres migrantes de Orihuela, gitanas de Sevilla y un grupo mixto e interseccional de Murcia.

Los testimonios señalan que los gastos de matrícula, materiales y transporte, junto con la necesidad de trabajar y atender a familiares, dificultan la continuidad educativa. A estas circunstancias se suman los horarios rígidos, la falta de orientación y la inseguridad que pueden generar largos periodos alejadas del sistema educativo.

En el caso de las mujeres rurales, como las participantes de O Barco de Valdeorras, la distancia hasta los centros de formación obliga a asumir desplazamientos que implican tiempo y costes adicionales. Esta situación complica la conciliación de los estudios con el empleo y las responsabilidades familiares.

El estudio también recoge barreras específicas para las mujeres migrantes, relacionadas con el idioma, la documentación y el reconocimiento de la formación previa. Entre las mujeres gitanas, la educación se presenta como una vía para ampliar las oportunidades laborales y personales, manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural y los vínculos comunitarios.

Las participantes subrayan que interrumpir los estudios no significa perder el deseo de aprender. Vinculan la educación con el empleo, pero también con la autonomía, la confianza y la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida.

El proyecto AURORA, desarrollado por Columbares y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, plantea que garantizar el derecho a la educación requiere adaptar las condiciones formativas a trayectorias diversas y aplicar una perspectiva interseccional.