La Fiscalía archiva la denuncia por el contrato de zonas verdes de Benalmádena

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha archivado la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Benalmádena por la adjudicación del contrato de mantenimiento de las zonas verdes a la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal. El contrato, adjudicado el 7 de marzo de 2022 durante el mandato del socialista Víctor Navas, ascendía a 15,1 millones de euros por cuatro años.

La decisión fue adoptada el pasado mes de enero, después de que el Tribunal Supremo anulase definitivamente la adjudicación en julio, al confirmar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA). El alcalde, Juan Antonio Lara, presentó la denuncia ante la Fiscalía.

El Ministerio Público señala que el Ayuntamiento trasladó únicamente los hechos ya examinados en la vía contencioso-administrativa. Según la resolución, «es preciso algo más que la simple decisión indebida por una interpretación errónea de un precepto legal», especialmente cuando esa actuación ya ha sido corregida por la Justicia.

En la licitación, impulsada en 2022 por el gobierno de coalición de PSOE e IU, participaron 16 empresas y siete empataron a puntos. La adjudicación se resolvió con el voto de calidad del concejal Joaquín Villazón, tras la división de la Mesa de Contratación sobre el modo de deshacer el empate.

El criterio discutido fue el cómputo de los trabajadores con discapacidad de las empresas. El pliego no especificaba cómo debía calcularse y, aunque el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía avaló inicialmente la interpretación del edil socialista, la UTE formada por Integra y Talher recurrió ante la Justicia y obtuvo finalmente la razón.

Integra y Talher asumió el servicio durante el año que quedaba de contrato cuando llegó la sentencia del Supremo. El Ayuntamiento le ha concedido después una prórroga de un año y aprobó una indemnización de 666.845,77 euros, equivalente al 6% del beneficio industrial correspondiente a los tres años de contrato que no pudo ejecutar.

Información elaborada a partir de Diario Sur.