El Procurador pide definir quién debe gestionar la Carretera del Caracol

El Procurador del Común de Castilla y León ha reclamado al Ayuntamiento de Benavente y a la Diputación de Zamora que aclaren conjuntamente quién es el titular de la conocida como Carretera del Caracol y qué régimen jurídico tiene. La petición tiene su origen en una queja presentada por Izquierda Unida en febrero de 2024.

La institución autonómica señala que persisten dudas sobre qué administración debe asumir la conservación, el mantenimiento, la señalización, las autorizaciones de uso y la atención de posibles reclamaciones relacionadas con esta vía. También pide que quede documentado quién se encargará de estas funciones en el futuro.

El expediente recoge que el Ayuntamiento promovió la rehabilitación del firme y que la Diputación participó en su financiación mediante fondos de cooperación territorial. El tramo ha sido rehabilitado este año y permanece abierto al tráfico, cumpliendo, según la información analizada por el Procurador, las condiciones exigidas para la circulación de vehículos.

La documentación examinada incluye un decreto municipal de 2015, firmado por el entonces alcalde Juan Dúo, en el que el Ayuntamiento reconocía la posesión de los terrenos necesarios para unas obras y asumía su conservación posterior. Sin embargo, un certificado provincial indica que la Carretera del Caracol no figura como tal en el inventario de bienes de la Diputación.

Un informe técnico provincial sitúa el tramo conocido popularmente como El Caracol junto al Parque de la Mota y el entorno de la antigua estación ferroviaria, y sostiene que no forma parte de la carretera provincial ZA-P-1511 ni de otra vía de la red provincial. El exdiputado provincial del Partido Popular Manuel Vega también afirmó públicamente que una medición había situado el kilómetro cero de esa carretera en la rotonda del barrio San Isidro, en lugar del paso a nivel.

El Procurador considera que la ausencia del vial en la red provincial no resuelve por sí sola la cuestión y reclama que ambas administraciones revisen sus antecedentes, formalicen una eventual cesión o cambio de titularidad si fuera necesario y mantengan actualizados sus inventarios patrimoniales. También pide justificar previamente la competencia administrativa antes de financiar nuevas actuaciones en infraestructuras cuya titularidad sea discutida.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.