La economía sumergida baja a mínimos históricos en la provincia de Cádiz pero mueve 4.613 millones

La economía sumergida de la provincia de Cádiz sigue perdiendo peso, aunque todavía mueve unos 4.613 millones de euros al año fuera de los registros oficiales. Según un estudio encargado por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), el porcentaje del PIB provincial que no aflora se sitúa en el 15,52% a finales de 2025, el registro más bajo de la serie histórica. En 2020 esta cifra era del 19,51%, y en 2012 superaba en más de diez puntos el nivel actual.

El informe, titulado Análisis de la Economía Sumergida en la provincia de Cádiz, 1986-2025, ha sido elaborado por la doctora Izaskun Barba, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, bajo la dirección del profesor Vicente Ríos, de la Universidad de Pisi, autor del estudio anterior. El trabajo está financiado por la Diputación provincial de Cádiz a través del programa Dipuinnova y, por primera vez, incluye un diagnóstico por municipios.

Entre los factores que más se asocian a la economía sumergida, el estudio señala el desempleo y la temporalidad laboral. El turismo, motor de la economía gaditana, influye de forma indirecta a través de la estacionalidad, la rotación de personal y el menor control en los picos de demanda. En cuanto al fraude en los impuestos indirectos, el documento apunta a la opacidad en el punto de venta, donde omitir la factura supone una ganancia inmediata.

El análisis concluye que la formalización no se logra bajando impuestos generales, sino combatiendo la precariedad laboral, garantizando la declaración de horas reales y digitalizando el punto de venta. Para la CEC, la actividad no declarada distorsiona la competencia, ya que permite a algunos operar con costes artificialmente inferiores a quienes cumplen las normas fiscales, laborales y administrativas.

En el plano territorial, el estudio sitúa el mayor riesgo en el litoral turístico. Barbate, Conil, Chipiona, Vejer, Tarifa y Chiclana encabezan las necesidades de actuación. Barbate requiere sobre todo apoyo social, mientras que Conil necesita más inspección y análisis sectorial. Barbate, Chipiona y Sanlúcar, por su mayor vulnerabilidad socioeconómica, necesitarían programas de acompañamiento y regularización asistida. Puerto Real y Los Barrios presentan desajustes entre rendimientos reales y estimaciones estadísticas, por lo que se recomienda reforzar la verificación fiscal mediante el cruce de datos. Cádiz y Jerez, con baja exposición pero gran volumen de empresas y trabajadores, requerirían actuaciones sectoriales adaptadas.

El estudio también estima que, si la mitad de la actividad sumergida se formalizara hasta 2035, unos 2.307 millones de euros de producción pasarían a las estadísticas oficiales. Además, el modelo calcula 520 millones de euros adicionales de PIB real anual y unos 988 millones de euros de ingresos públicos extra, con una efectividad recaudatoria del 75%. Los autores advierten de que se trata de escenarios condicionados, no de previsiones garantizadas.

Para el periodo 2026-2030, el informe propone 18 medidas en seis ámbitos: información estadística, asistencia a empresas y autónomos, estabilidad laboral, digitalización de la facturación, adaptación territorial y coordinación entre administraciones. Los autores reconocen que la economía sumergida no puede medirse directamente, por lo que la tendencia descendente es más fiable que la cifra exacta de un año concreto.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.