Cinco condenados deberán pagar 430.052 euros al Ayuntamiento de Calp

La Audiencia Provincial ha condenado a cinco personas por el caso Aguas de Calp y les obliga a indemnizar conjuntamente al Ayuntamiento con 430.052 euros por su participación en unos sobrecostes de obras hidráulicas. La sentencia considera probado que los proyectos fueron inflados artificialmente y que se creó una sociedad instrumental para hacerse con los trabajos.

El fallo cifra en un millón de euros el sobrecoste de las actuaciones. La indemnización fijada representa el 40 % de esa cantidad, en proporción a la participación municipal en Aguas de Calp, una empresa mixta. El pago será uno de los factores que se tendrán en cuenta para decidir si los condenados ingresan en prisión cuando la resolución sea firme.

Entre los condenados figuran el exconcejal de Calp y exdiputado provincial Juan Roselló; su cuñado, Francisco Artacho; y los ejecutivos Francisco Zorrilla y José Alberto Mut. Los dos últimos han sido condenados a once meses de prisión por prevaricación en concurso con fraude a la Administración. Jesús Lara deberá cumplir siete meses, tras aplicársele la atenuante de confesión por reconocer que actuó como testaferro de Artacho.

La investigación comenzó hace más de veinte años, por lo que la sentencia aplica a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas. Roselló y Artacho cuentan además con otras condenas relacionadas con las irregularidades en las basuras de Calp, una de las piezas separadas del caso Brugal.

Los hechos se remontan a 2004, cuando se impulsó la renovación de la red de abastecimiento de agua de Calp. El proyecto, presupuestado inicialmente en cuatro millones de euros, terminó adjudicándose por cinco y debía financiarse mediante un aumento del recibo del agua. Las deficiencias fueron detectadas por la Comisión de Precios de la Generalitat.

Según los informes periciales, tres de los cinco proyectos presentaban graves deficiencias técnicas y una tendencia sistemática a sobrestimar los costes. La sentencia sostiene que los trabajos fueron adjudicados directamente a Aguas de Calp y que posteriormente se subcontrataron a una mercantil sin capacidad técnica ni solvencia, creada expresamente para hacerse con la obra. Las empresas que finalmente ejecutaron los trabajos reclamaban más de 300.000 euros, aunque la Audiencia no ha considerado probado el delito de estafa y deja esa reclamación para la vía civil.

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