El Campello deberá pagar 21.000 euros por la gestión de un local comercial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de El Campello y a su aseguradora a indemnizar con 21.000 euros, más los intereses de demora, a una mercantil que no pudo alquilar un local durante 40 meses por la tramitación municipal de la compatibilidad urbanística.

El procedimiento comenzó en julio de 2021, cuando la empresa solicitó un informe para abrir una academia de piano. El Ayuntamiento emitió inicialmente un documento favorable, pero dos semanas después revisó de oficio su decisión, declaró incompatible la actividad y frustró el contrato de arrendamiento previsto. Seis meses más tarde, otra posible inquilina pidió autorización para abrir una consulta privada de psicología, pero no obtuvo respuesta.

La sentencia considera que el Consistorio actuó de forma irregular al conceder inicialmente el certificado, revocarlo después y no informar de que este trámite no era necesario para las actividades previstas. La jueza aprecia un nexo causal entre la actuación administrativa y el perjuicio económico, calculado a partir de unas rentas no percibidas de 525 euros mensuales.

El Ayuntamiento defendió que bastaba con presentar una declaración responsable y que la empresa no había cumplido ese requisito. La resolución acepta que el certificado no era necesario, pero subraya que la Administración debía responder a las solicitudes. Según el texto, el Consistorio asumirá la franquicia y el resto de la indemnización correrá a cargo de la aseguradora.

Esquerra Unida-Unides Podem ha relacionado el fallo con el retraso de los expedientes urbanísticos. Su portavoz, Pedro Mario Pardo, ha calificado de “vergonzoso” que se condene al área de Urbanismo por funcionamiento anormal y ha reclamado responsabilidades al alcalde y concejal de Territorio y Vivienda, Juanjo Berenguer.

Una auditoría interna encargada por Berenguer cifró en 6.699 los expedientes urbanísticos pendientes de resolver de un total de 9.032 abiertos desde 2013. La formación sostiene que estos retrasos generan inseguridad jurídica y perjuicios económicos, mientras que el anterior responsable del área calificó la situación de “totalmente insostenible”.

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