Junta y Gobierno coordinan el derribo del Algarrobico tras la nulidad de la licencia
Junta y Gobierno coordinan el proceso para derribar El Algarrobico tras la nulidad de la licencia aprobada por el Ayuntamiento de Carboneras.
La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han acordado unificar esfuerzos para avanzar en el derribo del hotel de El Algarrobico y la recuperación del paraje. La decisión se adoptó este jueves en una reunión telemática de la Comisión Mixta de Seguimiento, celebrada un día después de los reproches intercambiados en el Parlamento andaluz.
El encuentro abordó el nuevo escenario jurídico abierto tras el pleno del Ayuntamiento de Carboneras del pasado 7 de julio, en el que se declaró la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol. El objetivo de ambas administraciones es impulsar las actuaciones necesarias para que la demolición y la recuperación ambiental sean asumidas por el promotor, con todas las garantías legales.
La Junta ha anunciado que acudirá directamente al Ayuntamiento de Carboneras para reclamar el expediente de revisión de oficio, después de haberlo solicitado formalmente en dos ocasiones sin obtener respuesta. La consejera de Medio Ambiente, Adolfina Martínez, defendió en el Parlamento que el procedimiento no debe acelerarse poniendo en riesgo el derribo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Carboneras ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA un escrito en el que acusa de “fraude de ley” a quienes han recurrido la nulidad de la licencia. La defensa municipal sostiene que los recursos son un “auténtico calco” y que pretenden frenar la acción de la justicia.
Entre los recurrentes figura el exalcalde socialista Cristóbal Fernández, bajo cuyo mandato se concedió la licencia original, además de los ediles José Luis Amérigo, Francisco Capel y Vanesa Fuentes. Estos concejales abandonaron el pleno en el que se votó la anulación y presentaron en agosto el recurso identificándose como miembros del Grupo Municipal Socialista.
La Comisión Mixta también ha reafirmado el reparto de responsabilidades fijado en el protocolo de 2011: el Ministerio para la Transición Ecológica asumirá la demolición del edificio y la Junta de Andalucía financiará el desescombro y la restitución ambiental del espacio en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El proceso se apoya en el expediente de restablecimiento de la legalidad territorial iniciado por la Junta el 9 de septiembre.
Información elaborada a partir de Diario de Almería.