La Junta avanza en recuperar El Algarrobico, pero no fija fecha para demolerlo

La Junta de Andalucía ha iniciado una nueva fase administrativa para recuperar el espacio protegido ocupado por el hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sin establecer todavía una fecha para la demolición del edificio.

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio para restaurar los terrenos situados en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial se inició el 9 de septiembre de 2026 y constituye, según la Junta, el último paso de varias actuaciones administrativas y judiciales. La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que no puede dar plazos para la demolición, cuyo coste asumirá el Estado, mientras que la Junta gestionará los residuos.

Entre las actuaciones previas se encuentra la adaptación del planeamiento urbanístico de Carboneras a las resoluciones judiciales, que establece estos terrenos como suelo no urbanizable de especial protección. Además, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras declaró nula el 7 de julio de 2026 la licencia de obras concedida en 2003.

Esta nulidad ha sido recurrida por distintas partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ayuntamiento ha trasladado los recursos al tribunal y ha presentado sus alegaciones, mientras continúa la tramitación del expediente autonómico.

La restauración prevista va más allá de la demolición del hotel e incluye el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, así como la recuperación de los terrenos y de sus valores naturales. El acuerdo de inicio también suspende cualquier obra o uso que pudiera estar en ejecución.

Las partes interesadas cuentan con 15 días desde la recepción del acuerdo para presentar alegaciones. El procedimiento tiene un plazo de caducidad de un año y deberá completarse con todas las garantías jurídicas antes de que pueda adoptarse una resolución definitiva.