La Junta respalda al profesorado tras la agresión en el IES Los Montecillos
La Junta respalda al profesorado del IES Los Montecillos de Coín tras la agresión a su directora y una docente y defiende nuevas medidas de protección.
La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este lunes el IES Los Montecillos de Coín tras la agresión sufrida el pasado jueves por la directora y una docente del centro, y ha asegurado que los profesores «no están solos» ante situaciones de violencia o amenazas.
Navarro ha acudido al instituto junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, el alcalde de Coín, Francisco Santos, y la concejala de Cultura, Educación e Infancia, Alba Guzmán, para trasladar su apoyo al equipo directivo y al claustro.
La Junta asegura que activó los mecanismos de apoyo previstos para las docentes afectadas, incluida la asistencia psicológica y jurídica. La delegada ha defendido que «no vamos a permitir que la violencia entre en las aulas» y ha reclamado una respuesta «rápida y contundente» ante este tipo de hechos.
Según ha señalado Navarro, tras la agresión registrada en el instituto de Coín, una persona fue detenida al día siguiente y otra permanece siendo investigada. Además, la Delegación Territorial difundió un comunicado de rechazo y respaldo a las profesionales afectadas.
La delegada también ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz para reforzar la autoridad del profesorado, entre ellas la creación de Unidades de Apoyo al Profesorado en las ocho provincias andaluzas y diez puestos de Psicología destinados a estos dispositivos.
Asimismo, ha explicado que desde el pasado 1 de septiembre está actualizado el protocolo de actuación ante agresiones al profesorado. El procedimiento establece que la dirección comunique de inmediato los hechos al inspector de referencia, que debe acudir al centro y dejar constancia de la agresión en el sistema Séneca.
El decreto aprobado por la Junta contempla también protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos para docentes, así como la posibilidad de promover ante la Fiscalía que las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado sean calificadas como delito de atentado.