El posible pacto estatal entre PP y Vox abre dudas sobre el autogobierno balear
El posible pacto estatal entre PP y Vox plantea dudas sobre el autogobierno balear y la protección de derechos y consensos democráticos.
La convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre y los pronósticos electorales reabren el debate sobre los pactos que los partidos están dispuestos a aceptar, especialmente ante la posibilidad de que el PP y Vox compartan el Gobierno de España.
El artículo defiende que respetar la representación obtenida por Vox en las urnas no obliga al resto de formaciones a facilitar su entrada en el Ejecutivo. También reclama que los partidos valoren las consecuencias de sus acuerdos para los derechos, las libertades y los consensos que sostienen la convivencia democrática.
El Partido Popular aparece como principal destinatario de estas críticas, al haber propiciado, según el texto, la entrada de la extrema derecha en las instituciones y haber aceptado condiciones planteadas por Vox. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, debería explicar cómo encaja su intención de gobernar para todos con la aceptación de medidas que pueden debilitar derechos y consensos compartidos.
La situación ya tiene un antecedente en Baleares: los acuerdos entre PP y Vox han condicionado políticas relacionadas con la lengua, la educación, la memoria democrática y el territorio. Vox no necesitó formar parte del Consell de Govern para influir en algunas decisiones, ya que le bastó con tener capacidad de condicionarlas.
Desde la perspectiva de Consell y del conjunto de las Illes Balears, el texto advierte de que una eventual influencia de Vox en el Gobierno estatal podría afectar a las políticas educativas, culturales y de financiación, así como a la interpretación del modelo territorial. Una visión más uniformizadora del Estado podría dificultar el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural y reducir el margen de las instituciones baleares para responder a sus propias necesidades.
El artículo también alerta de la normalización de la extrema derecha cuando los partidos tradicionales adoptan su lenguaje o convierten sus exigencias en el precio habitual de la gobernabilidad. La conclusión es que la legitimidad electoral no elimina la responsabilidad política y que los partidos deben responder ante la ciudadanía por los pactos que suscriben.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.