El alzhéimer afronta en España el bloqueo público de sus nuevos tratamientos
España no financia aún lecanemab y donanemab, tratamientos que ralentizan el alzhéimer y cuestan hasta 60.000 euros en la privada.
Entre 85.000 y 100.000 pacientes con alzhéimer en fase inicial podrían ser candidatos en España a recibir lecanemab y donanemab, dos fármacos que ralentizan la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no financia actualmente estos tratamientos, cuyo coste privado oscila entre 50.000 y 60.000 euros durante 18 meses.
El neurólogo Juan Fortea, director de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, advierte de que finalmente serían muchos menos los pacientes elegibles, ya que deben cumplir criterios clínicos estrictos. Entre ellos están encontrarse en una fase inicial, no tener más de una copia del gen APOE4 y no haber sufrido más de cuatro microhemorragias cerebrales.
Pacientes, médicos y entidades como Ace Alzheimer Center Barcelona reclaman la financiación pública. Eduard Rodríguez, de 69 años y con alzhéimer inicial, denuncia que su familia no puede asumir el coste. Su esposa, Montserrat Puig, explica que, pese a contar con dos pensiones, tendrían que pedir un crédito para pagar el tratamiento.
Los fármacos, dirigidos contra la proteína beta amiloide, son los primeros que modifican el curso del alzhéimer y han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo un 30%, según el texto. En España solo se puede acceder a ellos en clínicas privadas desde este verano, mientras el proceso de negociación para su financiación pública permanece cerrado.
Fortea critica la falta de voluntad política y sostiene que los costes de los cuidadores, asumidos de forma desproporcionada por las mujeres, también deben tenerse en cuenta. Francia, Holanda y Escocia han rechazado financiar estos tratamientos; Inglaterra los reevalúa y Alemania los administra en la sanidad pública mientras negocia el precio.
La decisión afecta al conjunto del sistema sanitario español y, por tanto, también a las familias de Córdoba, aunque el caso relatado procede de Barcelona. Los especialistas citados alertan de que limitar el acceso a la sanidad privada aumenta las desigualdades según el poder adquisitivo.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.