El caso Riosport se sentará en el banquillo en febrero de 2027

El caso Riosport, abierto en 2004 tras la denuncia de unos 80 citricultores de Palma del Río por la pérdida de 5,6 millones de euros, llegará a juicio en febrero de 2027, casi 23 años después del inicio de la investigación. La vista oral, prevista inicialmente para noviembre, ha sido aplazada por la saturación de señalamientos preferentes y la falta de personal del servicio común de tramitación.

La Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a los entonces presidente y gerente de la sociedad agraria de transformación (SAT), a un empresario y a un cuarto procesado. Un quinto encausado, que era el secretario de la firma, ha fallecido. El Ministerio Público solicita penas de hasta ocho años de prisión por delitos de administración fraudulenta, falseamiento de cuentas y apropiación indebida.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, los acusados habrían utilizado un entramado empresarial para actuar en su propio beneficio y perjudicar al resto de los socios. El escrito sostiene que Riosport se convirtió en una sociedad instrumental y que varias operaciones contribuyeron a su estrangulamiento financiero y posterior concurso de acreedores, declarado culpable en una sentencia de 2009.

Entre los hechos investigados figura una transferencia de 100.000 euros a otra empresa considerada instrumental del supuesto cabecilla del entramado. La Fiscalía también atribuye a uno de los principales acusados el cobro de 427.965 euros en comisiones que considera injustificadas.

El Ministerio Público reclama que los tres principales acusados indemnicen a los socios con tres millones de euros por las cantidades desviadas y los perjuicios causados. Además, solicita otros 100.000 euros por la cantidad presuntamente apropiada. Las acusaciones se basan también en unas cuentas que, según la Fiscalía, ocultaron la situación real de pérdidas de la sociedad y llevaron a los socios a seguir entregando sus cosechas.

Riosport se constituyó en Palma del Río en mayo de 2000 para transformar y comercializar cítricos y frutos de hueso. Los agricultores calcularon que debían recibir 7,6 millones de euros por las campañas 2002/2003 y 2003/2004, pero percibieron 3,2 millones; junto a 1,2 millones destinados a una ampliación de capital, cifraron en 5,6 millones la cantidad presuntamente adeudada. Los acusados han defendido versiones distintas sobre la gestión de la sociedad y uno de los empresarios negó formar parte de la trama denunciada.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.