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El Consejo de Españoles en el Exterior pide recuperar el voto de 163.020 personas

El CGCEE pide al Defensor del Pueblo recurrir al Constitucional para que 163.020 españoles en el extranjero puedan votar el 29 de noviembre.

Redacción automática · Córdoba 2 min de lectura

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que recurra ante el Tribunal Constitucional para que 163.020 españoles residentes fuera del país puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La petición, aprobada por la Comisión Permanente del organismo este 13 de octubre, reclama un recurso de amparo y medidas cautelarísimas contra las resoluciones del Tribunal Supremo del 10 de septiembre y el 12 de octubre, que mantienen suspendidos los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.

El CGCEE sostiene que las personas afectadas no pudieron defenderse antes de la suspensión, ya que no fueron parte en los procedimientos judiciales. También denuncia una discriminación basada en el lugar de residencia: quienes viven en el extranjero han perdido temporalmente el derecho a votar, mientras que los nacionalizados por la misma vía que residen en España lo conservan.

El Consejo considera además que el aumento del CERA tiene causas múltiples y es anterior a la Ley de Memoria Democrática, y cuestiona que el riesgo electoral alegado justifique suspender el sufragio de todo el colectivo. La documentación para votar está previsto que se envíe entre el 24 y el 30 de octubre.

Fuentes del Tribunal Constitucional habían considerado prematura una eventual intervención porque el asunto continúa en trámite ante el Supremo. El alto tribunal espera ahora que los consulados aporten una lista de las personas nacionalizadas por esta ley que no acreditaron su descendencia de exiliados, después de que se abriese un plazo de cinco días para personarse.

La medida afecta a españoles residentes en el extranjero, también a quienes mantienen su vinculación con Córdoba, aunque el texto no detalla cuántos de ellos proceden de la provincia ni cuántos están censados en sus municipios.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.

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