El Gobierno encarga a la CNMC vigilar cada seis meses el cumplimiento de los centros de datos

El Gobierno ha reelaborado el real decreto que regula la actividad de los centros de datos para flexibilizar parte de las exigencias ambientales y de seguridad digital previstas. La nueva versión ha sido rechazada con contundencia por las grandes compañías tecnológicas, que ya lo hicieron con el primer borrador y advierten de que buscan vías legales para tumbarlo. El Ejecutivo pretende aprobar la regulación antes de las elecciones del 29-N.

La principal novedad es la creación de un sistema de vigilancia y seguimiento de la actividad de estas instalaciones. El Gobierno otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) poderes para activar el control sobre los ‘data centers’ y comprobar cada seis meses que cumplen los nuevos requisitos. Según el texto remitido al Consejo de Estado, en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor del decreto, y después de forma semestral, la CNMC publicará un informe de seguimiento.

Para realizar esta vigilancia, la CNMC podrá pedir a las grandes eléctricas con redes de distribución y a Red Eléctrica de España toda la información que considere necesaria.

La nueva versión modera algunas de las exigencias más polémicas del primer borrador. Se mantiene la obligación de que el 80% de la electricidad consumida en cada hora sea de origen renovable, aunque se concede a las instalaciones una prórroga de cinco años a cambio de cumplir de forma transitoria otros requisitos más laxos y de aceptar ser desconectadas de la red si es necesario para evitar desajustes en el sistema eléctrico.

El decreto también fija nuevas exigencias de soberanía digital para los datos manejados por estas instalaciones, consideradas de categoría de seguridad alta. Entre ellas, que los operadores solo puedan ser empresas establecidas en la UE, que los datos permanezcan en territorio comunitario y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países.

Además, cada dos años la CNMC, Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica elaborarán conjuntamente una evaluación de la aplicación y eficacia de los requisitos, que en los aspectos de seguridad y soberanía digital contará también con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Según los resultados, el Ejecutivo podrá formular propuestas motivadas de revisión.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.